Sistema Financiero y Crímenes
Económicos – Marco general (con 3 casos)
El modelo económico global
enfrenta diferentes tipos de crisis: de recursos naturales (agua, pesca,
bosques, biodiversidad) y energéticos (combustibles fósiles), crisis del
metabolismo urbano-industrial y agroindustrial (crisis alimentaria), crisis
financiera y crisis ecológica (Cambio Climático). La crisis financiera se
articula con la crisis de los recursos. Por vez primera no será posible
incrementar el flujo energético que ha permitido la existencia del
modelo actual. No solo nos acercamos al pico del
petróleo, pero también del
gas y del
carbón, entrando en el inicio del
fin de la era de los combustibles fósiles. Se termina la
época de la energía barata y eso impacta en las dinámicas de crecimiento
económico y de expansión financiera. A su vez, la dinámica del
cambio climático vigente ahora se agravará paulatinamente, incidiendo de manera
feroz en este proceso.
Toda la prensa especializada
en finanzas o economía mundial reconoce la gravedad de la crisis iniciada en
EEUU en agosto del
2007, y en forma creciente señalan ya avanzado el 2008 que se trata de un
problema que no se resuelve en el corto plazo. Destacan que efectos se sentirán
de un modo u otro en el conjunto de las economías
nacionales, con independencia del
vínculo, más estrecho o no de cada uno de ellos con la economía estadounidense.
Se reconoce el carácter mundial de la crisis, lo que supone
consideraciones de sistema mundial cuando se analiza la situación económica.
No puede analizarse la
situación financiera sin abordar la crisis energética y alimentaria mundial. La
primera involucra a la Unión Europea como
gran consumidor de petróleo y una política internacional que privilegia la
dominación de las fuentes de generación energética no renovables, especialmente
el petróleo. La segunda se asocia a la mayor demanda de materias primas, el
creciente consumo de proteínas cárnicas, el uso de
cultivos para agrocombustibles, los altos
precios del
petróleo y los mecanismos de especulación. Las pérdidas
multimillonarias por la crisis financiera vinculadas al sector inmobiliario
estimulan a que la especulación financiera se refugia en recursos naturales y
alimentos. La consecuencia: inaccesibilidad y escasez.
El flujo energético del
siglo pasado posibilitó una muy fuerte expansión de la esfera
monetario-financiera. Se producía un rápido auge del
capital financiero, en un sistema en que los bancos prestaban más dinero del
depositado y cobraban intereses por ello. El sistema basado en que la expansión
del
mañana, impulsada por la energía barata, basada en el petróleo, era garantía de
la deuda de hoy. El pico del
petróleo implicará que el actual capitalismo globalizado de base financiera
terminará definitivamente de estallar. Afectando a amplias capas de la
población mundial, pero sobre todo a los más desfavorecidos, provocando hambre,
pobreza, desempleo, exclusión social, enfermedades, conflictos armados y
violencia.
El establecimiento del
Mercado Único comunitario (1986-1993, Tratado de Maastricht) para bienes,
servicios, capitales y personas, con sus más de veinte mil directivas, y el la
creación del
EURO cumplió un papel trascendental en la expansión del
poder corporativo europeo, y en la progresiva consolidación de su potencia
financiera. Este Mercado Único de capitales procedió a des-regular
crecientemente los mercados bursátiles, convirtiendo a
éstos en nodos cada vez más centrales de las nuevas dinámicas de crecimiento y
acumulación capitalista. Las grandes corporaciones van a acudir cada día más a
los mercados bursátiles para financiarse, sorteando la llamada intermediación
bancaria, y se van a transformar en grandes generadoras de “dinero financiero”
(acciones, obligaciones, etc.); para ello, la creación de una potente imagen
corporativa, mediante nuevas estrategias de comunicación, es algo central. Y
las bolsas van a desarrollar los mercados secundarios, que son fundamentalmente
mercados especulativos, para potenciar su liquidez. Se va a establecer el marco
para el desarrollo de las nuevas instituciones de inversión colectiva (fondos
de inversión, y –tímidamente- fondos de pensiones), que van a permitir captar y
controlar el ahorro popular para proyectarlo hacia los mercados financieros y
así reforzar estas dinámicas; al tiempo que se van a establecer las condiciones
fiscales (por parte de los Estados) para hacer atractivos estos productos; este
nuevo “capitalismo popular” va a posibilitar incrementar enormemente el poder
corporativo europeo. Se va a independizar la creación
monetaria de los bancos centrales del
control de los Estados, del
poder político, para controlar la inflación, sometiéndolo a las nuevas
dinámicas del
mercado, lo que va a redundar en un creciente poder del
sector financiero. De esta forma, los Estados van a tener que acudir a los
mercados para financiarse. Se va a iniciar la
privatización de la banca pública, lo que va ayudar a crear o consolidar
grandes bancos privados de dimensión fundamentalmente nacional, aunque con una
proyección mundial en ascenso. Todo este escenario involucra al Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones (BEI, a la
Organización Mundial de Comercio y, muy especialmente, a la UE, sus
instituciones y sus Estados miembros.
Caso 1: HSBC y la Deuda Corrupta
En la década
de los noventa, durante el gobierno fujimorista, el banco Hong Kong &
Banking Corporation (HSBC), de capital inglés, escocés y chino, junto a otras
entidades financieras del Perú y el extranjero, usaron información privilegiada
del Ministerio de Economía y Finanzas para beneficiarse de la gestión de la
deuda pública externa peruana. Una serie de operaciones ilegítimas resultaron
en la apropiación de erario público peruano tanto por parte del
banco extranjero como
de un asesor del
gobierno peruano que logró utilizar su poder político para enriquecerse
vendiéndole el país al HSBC. El resultado sería una nueva
deuda, “deuda corrupta”, a cargo de los peruanos.
En 1992, el HSBC, luego de
comprar el Midland Bank (Inglaterra), envió a un funcionario con el propósito
de convencer a las autoridades peruanas de admitir papeles de la deuda externa
peruana como forma de pago por la venta de las empresas públicas en el proceso
de privatización. Así HSBC estableció contacto con el abogado Francisco Moreyra
García Sayán, quien en 1993 asume la función de asesor del ministro de Economía
Jorge Camet. El
planteamiento consistía en persuadir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
para recibir los pagarés de la deuda externa al 100% de su valor nominal.
El
monto transado por privatizaciones entre 1991 y 1998 asciende a US$ 7720
millones. El Tesoro Público recibió
ingresos de US$ 6138 millones en efectivo y US$ 229 millones en papeles de
deuda a valor de mercado equivalentes a US$ 343 millones a valor nominal.
Esto significa que el sistema de documentos de deuda por privatización
comprometió solamente el 4,4% del
total de ventas y concesiones. Sobre una deuda pública externa de US$ 25 000
millones al año 1991, el impacto del
canje fue de apenas 1%. Es decir, el mecanismo de canje de
deuda por privatización no tuvo efecto de reducción de la deuda externa, y sólo
sirvió para que HSBC y sus socios hicieran negocios.
El 18 de julio de 1994 se
crea el Peru Privatization Fund (PPF), empresa constituida en EE.UU., formada
por el HSBC y el Banco de Crédito del Perú con el 85,8% de las acciones en dos
partes iguales de 42,9%; y el Chase Manhattan Bank con el 14,2%. Moreyra
participó de la fundación del
PPF, como
abogado consultor, mientras mantenía su condición de asesor del MEF.
HSBC tuvo una persona
infiltrada en la alta dirección del
ministerio de economía y finanzas para 1) garantizar que se diera la operación
de canje de deuda por privatizaciones y 2) para tener información sobre el
momento exacto de hacer las operaciones. Incluso en 1995, el mismo Moreyra se
convirtió en director del
PPF. Y en el colmo, el Estado peruano reconoció como suya la deuda del Banco
Popular, quien tenía deudas en papeles que poseía el HSBC y el Banco de Crédito
que permitió a estos bancos utilizar 69.2 millones de dólares en papeles que
habían recuperado valor luego de haber estado desvalorizados por el proceso de
quiebra y liquidación del Banco Popular. Los dos grandes ganadores de esto fueron el Banco de Crédito
y HSBC, los cuales tenían un representante directo en el Ministerio de Economía
y Finanzas.
El HSBC y sus socios compraron papeles de deuda por 125
millones de dólares, y obtuvieron una ganancia de más del doble de los papeles
que utilizaron en los procesos de privatización. Otra parte de los papeles los
movieron en la bolsa de valores.
Este caso constituye la violación de los derechos económicos
y sociales de la población peruana, consagrados en el Pacto Internacional de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) «Para el logro de sus
fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos
naturales (…) En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios
de subsistencia». Artículo 1 PIDESC.
Eje temático: Sistema Financiero y Crímenes Económicos
Caso 2: Banco Santander en el Río
Madeira: un manantial de deuda ecológica y refugiados
ambientales
El
Banco Santander Central Hispano (SCH), de capital español, es
actualmente el mayor banco privado que opera en toda América Latina y el Caribe. En este
caso se le acusa de ser co-responsable de la generación de una ingente deuda
ecológica y social ligada a los impactos que tendrá la construcción de cuatro
represas y una hidrovía en el Río Madeira (Brasil y Bolivia) y de la expulsión
de 5000 familias que se verán convertidas próximamente en refugiados
ambientales sin tierra ni compensación alguna. Gracias a ello y a la
financiación de múltiples e irresponsables megaproyectos, seguirá presentando
enormes beneficios a sus alejados accionistas.
La financiación del proyecto
Río Madeira tiene como fin la construcción de dos presas hidroeléctricas: Santo
Antonio y Jirau, más dos presas adicionales que crearán una hidrovía de 4.200
km., diseñada para transportar soja, madera y minerales de la Amazonía con
destino a los grandes consumidores (EE.UU., Unión Europea y China). El Banco
Santander es el banco agente del
proyecto con vistas a financiar el 20% del
coste total del
proyecto (14.200 millones US$).
La hidrovía del Río Madeira
se circunscribe también a la iniciativa IIRSA dirigida y promovida por el BID,
distintas redes de empresarios y terratenientes y administraciones locales, y
cuyo objetivo es extraer toda suerte de commodities para lograr exportarlas
según las necesidades de la clase consumidora mundial, en función de los
precios del
mercado internacional. Es decir, la infraestructura física
necesaria para el “libre comercio” que se complementa con los TLC y parte
imprescindible para el saqueo de las transnacionales productivas.
Las consecuencias se
extenderán a ambas riberas del
río, la boliviana y la brasileña.
En este caso se acusa al SCH de ser co-responsable de la:
·
Expulsión de la población local: en Rondônia por ejemplo
viven 1.4 millones de personas, en su mayoría caucheros, recolectores de nueces
y pescadores. Se estima que en lado brasileño aproximadamente 5.000 familias se
verán obligadas a dejar su tierra sin que esté prevista su reubicación y
compensación.
·
Afectación de la salud de la población: la construcción afectará
a la potabilidad del agua de Porto Velho (capital de Rondônia) e incrementará
los casos de malaria.
·
Pérdida de biodiversidad y de la soberanía alimentaria: la
interrupción de la migración del dourada (pez gato) pondrá en peligro no sólo
la supervivencia de la especie sino también el futuro de las familias de 2.400
pescadores de la región.
A pesar de la agresiva campaña de marketing y
responsabilidad social corporativa (RSC), el Grupo Santander no informa ni
tampoco –como demuestra este caso- cumple el débil régimen normativo
internacional que pudiera regir la actuación de un banco transnacional. No se
aplican ni las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, ni
el PIDESC de Naciones Unidas, ni el Convenio 169 de la OIT por el que se
establece derecho a consulta a las comunidades indígenas afectadas, ni
estándares propios de la comunidad financiera como los Principios de Ecuador ni
mucho menos los Principios de Collevechio.
Eje temático: Sistema
Financiero y Crímenes Económicos
Caso 3: BBVA: CAMISEA y la Responsabilidad Social Corporativa HUECA
El
Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria es el segundo banco privado de Latinoamérica (y primero en
gestión de fondos de pensiones y seguros de la región), de capital español,
tiene un largo expediente repleto de vulneraciones a
distintos derechos. En dirección diametralmente opuesta a lo que anuncia en su
RSC, el BBVA acumula acusaciones que van desde la compra de voluntades
políticas de distintos gobiernos como el de Fujimori-Montesinos, el blanqueo de
dinero del narcotráfico en Colombia y México, hasta las políticas
antisindicales, o la congelación de cuentas bancarias a grupos considerados
subversivos como Enlace Civil (Chiapas, México), pasando por la financiación de
proyectos de fabricación de bombas racimo, el saqueo del erario público
mediante la conversión de deuda pública en deuda privada y el cobro de altos
intereses a cuenta de los Estados, o la financiación de proyectos destructivos
del medio ambiente (como la megapapelera de ENCE en Uruguay o el oleoducto OCP
en Ecuador).
La
gran mayoría de sus proyectos controvertidos ambientalmente se asocian a la
explotación de minas (como
las de Yanacocha y Antamina en Perú), seguidos de aquellos vinculados a la
construcción de presas, a proyectos de gas o petrolero y a grandes fábricas de
celulosa. En todos ellos se trata de financiación directa mediante la fórmula
“project finance”, compartiendo riesgo con otros bancos. Por lo que no cabe
duda de la responsabilidad del
banco en dichos proyectos.
Después
de la celebración el año pasado de una pre-audiencia en Bilbao (País Vasco)
donde se instruyeron las acusaciones populares al BBVA, se abordará en el
Tribunal de Lima como acusación de referencia el caso del Proyecto gasífero
Camisea Perú I y II. (Para
mayor profundidad sobre el caso Camisea ver http://www.finanzaseticas.org/pdf/Informe_BBVA.pdf).
En
2006, BBVA Banco Continental, la filial peruana de BBVA, financió un préstamo
de 35 millones de dólares a Tecpetrol, una de las empresas que lidera las
actividades de exploración en el proyecto de gas Camisea. Este
proyecto se caracteriza por las roturas de los gasoductos que provocaron graves
escapes de gas y petróleo. Investigaciones recientes indican que
Techint, operadora e ingeniería del
gasoducto y empresa matriz de Tecpetrol, empleó tuberías defectuosas y contrató
a soldadores no cualificados para la tarea, por lo cual se produjeron graves
deficiencias en la construcción del
gasoducto. El proyecto también fue criticado por sus impactos negativos en las
comunidades indígenas de la zona, tanto en su modo de vida, supervivencia
(caza, recolección) como en su economía (agricultura, ganadería), como en su
salud (cánceres, enfermedades dérmicas, abortos, malformaciones,..). En muchos
casos se incumplieron normativas de protección y las Reservas Indígenas creadas
con este fin.
El
BBVA ha violado por lo tanto la Constitución de Perú al financiar proyectos que
no respetan las reservas indígenas amparadas por ellas
y ratificadas por los respectivos gobiernos. En este
caso la Reserva Nahua Kugapakori creada en 1990, o la violación de las
reglamentaciones para la protección de pueblos no contactados como
los Nahua, Nanti y Kirineri. Camisea significa también la violación del
Convenio 169 de la OIT por el cual Perú reconoce el derecho al consentimiento
de cualquier comunidad a la actividad que pretenda realizar una empresa o un
Estado en su territorio.
El
Grupo BBVA ha violado códigos de conducta que ha suscrito cosméticamente como
los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas (2002) integrando
aparentemente, los derechos humanos, normas laborales, el medio ambiente y la
lucha contra la corrupción como parte integral de su estrategia y de sus
operaciones, aspectos por los que el BBVA ha demostrado clara negligencia.
La
adopción de los Principios de Ecuador en 2004 (en los proyectos de financiación
superior a 10 millones de dólares) y su versión revisada en julio
de 2006, suponían un compromiso del BBVA de cara a evitar riesgos ambientales y
sociales en el proceso de financiación de proyectos, aspecto que como
instruye la acusación, viola ampliamente.
Eje
temático: Sistema Financiero y Crímenes Económicos
Organizaciones denunciantes: Transnational
Institute, SOMO (Holanda), CGT, Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan,
Observatorio de la Deuda en la Globalización, SETEM (Estado Español), France
Amérique Latine (Francia), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo, Red Jubileo (Perú), Movimiento de Damnificados por
Represas (MAB) (Brasil), Attac-Argentina, Fundación de Investigaciones Sociales
y Políticas – FISyP (Argentina), FoE-Europe