Empresas de celulosa en Uruguay perjudican la soberanía alimentaria

La instalación de varias fábricas de producción de pasta de celulosa en el Cono Sur de América del Sur está consolidando un modelo de desarrollo productivo perjudicial para la región. Este modelo basado en las grandes extensiones de tierras dedicadas a los monocultivos forestales para la producción de celulosa ha generado ya una serie de impactos negativos en materia económica, social, ambiental y de soberanía tanto política como alimentaria. En este contexto internacional de crecimiento desbalanceado de la producción y el consumo, se instalan en Uruguay Botnia, ENCE y Stora Enso , entre otras transnacionales.

Botnia es una corporación finlandesa transnacional (grupo Metsa Botnia), fundada en el año 1973. Tiene 5 plantas de celulosa en Finlandia y es la segunda empresa a nivel mundial en producción de celulosa. En América del Sur solamente está presente en Uruguay, y produce diversos tipos de celulosa. En Uruguay la subsidiaria de Botnia es la Compañía Forestal Oriental S.A. (COFOSA), propietaria de 170.000 hectáreas de tierras, que proveen de la materia prima para la mega planta de celulosa que Botnia terminó de construir en septiembre y que comenzó a producir en noviembre de 2007. La planta tiene una capacidad de producción de un millón de toneladas anuales de celulosa. El valor de la inversión fue de alrededor de 1.100 millones de dólares. La planta -construida en la localidad de Fray Bentos- constituyó la mayor inversión de carácter industrial en la historia de Uruguay, y es la mayor inversión del sector privado industrial de Finlandia en el exterior.

La instalación de la planta de celulosa de Botnia tiene consecuencias diversas sobre el modelo productivo uruguayo y de la región. Refuerza la concentración y extranjerización de grandes extensiones de tierra en algunas pocas empresas transnacionales como Botnia, Ence o Stora Enso. Al día de hoy estas corporaciones poseen, respectivamente 170 mil, 150 mil y 45 mil hectáreas destinadas a la forestación.

Las transnacionales que invirtieron en Uruguay lo hacen porque consiguen reducir sus costos de producción, pues pueden operar casi sin impuestos, emplean poca mano de obra y en condiciones graves de precarización laboral (en las plantaciones) y tienen acceso libre a recursos productivos como tierras y agua. Además, las empresas están amparadas por acuerdos bilaterales de protección de inversiones suscritos por Uruguay durante la década de los ´90 hasta el año 2005 (precisamente con países como Finlandia, España, Portugal y Suecia entre otros), que le han garantizado a estas empresas un poder monopólico y estable en el sentido de que es muy difícil alterar ese modelo mediante el establecimiento de regímenes impositivos, ambientales, productivos o laborales cualitativamente distintos.

Ya se han constatado impactos sobre el abastecimiento de agua para la pequeña producción de alimentos en las regiones en las cuales la forestación avanza, y también sobre el ecosistema natural de pradera por la erosión de suelos. En las plantaciones se hace un uso intensivo de agrotóxicos, que afecta además a los trabajadores forestales.

Los principales instrumentos de los que se vale la empresa Botnia para cimentar su posición de poder para la obtención de ganancias son los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones entre Uruguay y los países de origen, las amenazas con demandar al Estado uruguayo en tribunales internacionales como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, del Banco Mundial), las Zonas Francas libres de impuestos y una agresiva campaña de Responsabilidad Social Corporativa. Los principales actores involucrados en este caso son los sucesivos gobiernos de Uruguay desde 1985 hasta la actualidad así como el gobierno de Finlandia, instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (y dependencias internas del BM como el CIADI y la Corporación Financiera Internacional), el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Nórdico de Inversiones, la Unión Europea, y claramente, las propias transnacionales que se refuerzan mutuamente.

Se presentan ante el TPP las transnacionales de la celulosa y la forestación como los actores que mayor avance estaban logrando, en todo sentido, en términos de poder. Poder económico, poder político, poder financiero, poder de imponer un determinado modelo productivo y finalmente, poder cultural e ideológico.

Eje temático: Recursos Naturales y Neocolonialismo

Organizaciones denunciantes: REDES – AT (FoE) Uruguay, ATTAC Argentina, FISYP Argentina