Majaz afectando el agua, el ambiente y la vida y criminalizando la protesta en Perú
La Minera Majaz S.A., un emprendimiento realizado en Perú por la
trasnacional inglesa Monterrico Metals está siendo cuestionada por sus actividades
de exploración y su proyectada explotación minera a cielo abierto en lo que se
denomina el proyecto Río Blanco. El proyecto afecta a la
comunidad campesina en la región norteña de
La actuación
de la empresa y
Adicionalmente,
las legítimas protestas de la población han sido
reprimidas de manera violenta en varias ocasiones, con hasta la fecha dos
muertes (abril de 2004 y agosto de 2005), decenas de heridos y alrededor de 200
comuneros denunciados. Testigos
hablan de torturas en la infraestructura de la empresa. También
hay acusaciones falsas hacia los pobladores de terrorismo y afiliación a
partidos “extremistas”.
A su vez, bajo el pretexto del supuesto narcotráfico,
el gobierno ha aumentado de manera significativa la presencia policial en la
zona, prohibiendo a los mismos pobladores el acercarse a partes de su propio
territorio, protegiendo de esta forma al campamento minero y las actividades
mineras. El Estado, presionado por el sector empresarial, está
usando el sistema legal para crear un clima de miedo,
y para reprimir todo tipo de organización social potencialmente opositora a los
intereses de la empresa.
El proyecto minero en cuestión violenta importantes
instrumentos internacionales garantes de derechos proclamados por Naciones
Unidas, e incluso se contradice con las garantías ciudadanas estipuladas en la
Constitución de Perú. Se viola el derecho a la vida, a la integridad física,
moral y psicológica, a la existencia de las comunidades, a elegir su propio
desarrollo, a la autonomía de las comunidades en su organización y en la libre
disposición de sus tierras, a la libertad de información, a la consulta previa
e informada, a la propiedad de los territorios comunales, a la asociación, a la
protesta social, a vivir en un medio ambiente sano, y a la paz y la
tranquilidad pública.
La Legislación peruana garantiza la participación y
la consulta de las comunidades campesinas (indígenas), de forma que demanda una
licencia social de las comunidades locales para poder otorgar permiso a una
empresa para el desarrollo de actividades en territorio comunal. Pero en el caso Majaz, en muchas ocasiones las comunidades
expresaron su rechazo. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas otorgó el permiso necesario a la empresa para sus
actividades de exploración.
Por parte
Eje temático: Recursos Naturales y Neocolonialismo
Organización denunciante: Confederación Nacional de Comunidades