Constructora sueca acusada por
contaminar y promover esquemas de corrupción
Las operaciones de la empresa
constructora sueca Skanska en Perú, Argentina y Ecuador están en el ojo de la
tormenta por sus prácticas contaminantes, violatorias de los derechos humanos y
de dudosa transparencia.
Skanska con sus proyectos de
construcción de infraestructura, explotación petrolífera y gasífera afecta
gravemente los recursos naturales, los trabajadores, los pueblos originarios y
las finanzas públicas. La denuncia ante el Tribunal Permanente de los Pueblos
(TPP) es presentada por el Centro de Investigación y Prevención de la
Criminalidad (CIPCE), un programa dependiente del Centro de Políticas Públicas
para el Socialismo (CEPPAS).
Skanska es una de las diez
constructoras más grandes del mundo, y gestiona proyectos también en Bolivia,
Brasil, Chile, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hungría, México, Noruega,
Polonia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.
En el caso de la presencia de
la corporación en Argentina presentado ante el TPP, se enfocará el
análisis de la concesión que ganó Skanska para la ampliación de las redes de
gas de todo el país, en el marco de la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Una de las iniciativas que se
llevó a cabo en ese plan fue el llamado Proyecto Deán Funes para la ampliación
del Gasoducto Norte, que en 2005 terminó en los tribunales por los delitos de
evasión impositiva agravada, y constitución de una asociación ilícita
tributaria. La pesquisa reveló, entre otras cosas, la emisión de facturas
apócrifas por parte de la empresa, y se siguen investigando actos de corrupción
que involucran a altos jerarcas de gobierno. La existencia de sobreprecios
injustificados y el pago de comisiones indebidas a través de las cuales se
canalizaron coimas a funcionarios públicos
Por otra parte, en Perú
la constructora sueca participó en el polémico plan de ampliación del Gasoducto
Camisea, en el que se vio involucrada en denuncias de actos de corrupción y
pago de sobreprecios, además de su responsabilidad en daños ecológicos
irreparables debido a las múltiples explosiones causadas por el incumplimiento
de especificaciones técnicas y la falta de un sistema de protección de las
tuberías. Entre otras cosas, en el marco
En Ecuador, Skanska
tuvo a su cargo en 2005 la construcción de una carretera para el Bloque 31, que
la petrolera brasileña Petrobras explota en territorio Huaorani, más precisamente
en el Parque Nacional Yasuní. Denuncias de los Huaoranis y organizaciones
ecologistas sobre los impactos ambientales en este importante centro de la
biodiversidad provocaron que la autoridades ecuatorianas retiraran la licencia
de Skanska, pero aún existe la posibilidad (y las negociaciones) para que
Skanska retome las operaciones en esa zona. Además, las operaciones de la
empresa en los bloques petroleros 18 y 16 generaron denuncias por fraude, quema
ilegal de gas, descarga de aguas y desechos, discriminación de género y malos
tratos con sus trabajadores, entre otros aspectos. Los denunciantes afirman que
estas actividades son difíciles de investigar porque la región está
militarizada y Skanska cuenta con sus propios guardias privados.
Estos casos son ejemplos de
privatización de la justicia y de la impunidad de que goza la empresa a pesar
de las infracciones que comete. Eso sucede por varios motivos: las normas
nacionales no prevén regímenes de responsabilidad para las empresas; los
órganos de control, jueces y fiscales no son independientes; y son importantes
los vínculos y la influencia de la empresa sobre los poderes políticos locales.
Es por eso que el caso es presentado ante el TPP.
Eje temático: Infraestructura
para el Saqueo
Organizaciones denunciantes: Centro de Políticas
Públicas para el Socialismo – CEPPAS (Argentina), Colectivo SKAMSKA (Suecia).