Telecom Italia/Telefónica
vs.
En abril de 2007, el gobierno
boliviano anunció su intención de renegociar los términos de la privatización de la empresa de telecomunicaciones Entel, que benefició desde
1995 a la empresa italiana
STET (hoy Telecom Italia, donde
la española Telefónica tiene 10% de las acciones). Se trata de un sector
estratégico para el desarrollo social y económico, y por ello el gobierno
determinó la necesidad de tener una mayor participación para gestionar la
empresa desde el interés público. Telecom Italia apeló al Tratado de Protección
de las inversiones firmado por
El 23 de abril de 2007, el gobierno boliviano ordenó
la transferencia de 47% de las acciones de Entel al Ministerio de Obras
Públicas. Estas acciones pertenecían a un fondo público
de pensiones de los bolivianos, administrado por Zurich Financial Services and
Prevision (AFP), una subsidiaria
Un mes después, el 2
de mayo de 2007, el gobierno boliviano anunció que ya no reconocía la
jurisdicción del CIADI en su territorio, acción que debía cobrar validez tras
un periodo de 6 meses. El 12 de octubre de 2007, poco tiempo antes de que este
periodo de 6 meses expirara, ETI presentó una demanda contra Bolivia ante el
CIADI y demandó que se abriera un caso de arbitraje pidiendo compensaciones por
las pérdidas que la decisión boliviana de comprarle el 3% de las acciones
implicaba, y por las inversiones que supuestamente había hecho en este país. El
31 de octubre, dos días antes de que fuera declarada oficial la salida de
Bolivia del CIADI, Ana Palacio (ex ministra de Asuntos Exteriores del gobierno
de José María Aznar) y entonces Secretaria General del CIADI, registró el caso
de ETI y comenzó el proceso de arbitraje, en el cual Bolivia rechaza
participar.
El caso de ETI vs.
Bolivia ante el CIADI ilustra cómo las empresas no respetan las leyes
nacionales sobre el medio ambiente, la salud y otras leyes de interés público
en estos países, además de recurrir al CIADI, un órgano que carece de todo
proceso democrático. Pero además este caso no respeta
la decisión soberana de
ETI
señala que ha invertido millones de dólares en
Por otra parte la privatización de Entel ha generado
un gran número de conflictos laborales (al incrementarse la precarización
laboral de los trabajadores) y conflictos con los usuarios (al no cumplir la
empresa con las inversiones prometidas). Cabe destacar que tanto la española
Telefónica, que no ha asumido su responsabilidad en este caso (a pesar de
controlar 10% de Telecom Italia), como Telecom Italia, disponen de un largo
historial de conflictos sociales generados en América Latina, el Estado español
e Italia.
Una red de 11 organizaciones activas en Italia, los
Países Bajos, el Estado español, los Estados Unidos y Bolivia presentan
actualmente este caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos acusando a
cuatro actores centrales: Telecom Italia, el Gobierno de los Países Bajos,
Telefónica y el CIADI por incidir negativamente en el derecho del Pueblo
boliviano a un desarrollo soberano y por actuar a favor del interés económico
de empresas que se han comportado con una evidente irresponsabilidad social
corporativa.
Eje temático: Nuevo Constitucionalismo y Privatización
de la Justicia
Organizaciones denunciantes: Observatorio de la Deuda en la Globalización - ODG (Cataluña, Estado Español), Transnational Institute, Corporate Europe Observatory –
CEO, SOMO (Holanda), Campaña
por la Reforma de la Banca Mundial CBRM, Asud,
Transform (Italia), Fundación Solón
(Bolivia), Institute for Policy Studies (Estados Unidos).