Fuente : El País - EFE

El Gobierno de México confirmó el pasado 11 de junio que ha perdido un caso interpuesto en un tribunal arbitral del Banco Mundial (BM) después de que se impidiera a la empresa Befesa, filial de Abengoa, operar un depósito de residuos peligrosos que había construido en Zimapán, en el centro del país.

"Finalmente el resultado del laudo tiene que enfrentarlo el Gobierno federal", explicó hoy a los periodistas el secretario (ministro) de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, en un breve comentario sobre el caso durante una gira por el estado de Hidalgo, al que pertenece Zimapán.

El ministro admitió que la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del BM sobre el litigio entre México y España fue favorable a este último país, lo que establece que se violó el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre ambos países.

"Es una controversia inversionista-Estado, que se ampara a través de los compromisos internacionales que tiene México y en ese contexto el tribunal internacional dice ya tener su determinación", dijo Guajardo.

Señaló que ahora lo que queda es que se resarza "a los inversores del daño causado por decisiones que no son congruentes con los compromisos que tiene el país en materia de inversiones".

El ministro mexicano no especificó suma alguna ni el momento en que se deberá concretarse el pago, pero señaló que se fijará "de acuerdo a las conversaciones que se tengan con los inversores".

No obstante, el diario mexicano Reforma adelanta hoy que la suma estará "entre 42 y 45 millones de dólares" que irían a parar a Abengoa y a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), copartícipe en el proyecto.

La planta de confinamiento de residuos peligrosos, como son los aceites industriales o las pinturas, comenzó a ser construida en agosto de 2006 y con ella se pretendía evitar que los productos fueran vertidos a los ríos y acuíferos de México sin control.

En el proceso, los inversores españoles habían obtenido permisos de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y del propio ayuntamiento, que fueron desconocidos.

El depósito de residuos quedó erigido en el límite entre los estados de Hidalgo y Querétaro, muy cerca de la reserva natural de Sierra Gorda, declarada territorio protegido por el Gobierno mexicano y Patrimonio de la Humanidad por la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La obra pública que realizó la empresa española quedó prácticamente lista, pero el entonces alcalde de Zimapán, el izquierdista José María Lozano, bloqueó la actividad del depósito de residuos peligrosos con el apoyo del movimiento "Todos somos Zimapán".

Este colectivo acusó a la empresa Befesa, filial del grupo español Abengoa, de contaminar con arsénico el manto acuífero del lugar, unos 200 kilómetros al norte de Ciudad de México.

En las oficinas mexicanas de Abengoa dijeron a Efe que no había ninguna persona autorizada para hacer comentarios sobre la resolución del CIADI.

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