Al cumplirse 15 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito por Estados Unidos con México y Canadá, las cuatro principales redes de organizaciones que abordan los impactos del libre comercio en los tres países han exigido a los gobiernos la renegociación de este TLC, argumentando los graves impactos que ha tenido para la calse trabajadora de los tres países.

El comunicado firmado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC, la Alianza por un Comercio Responsable, ART, la Red Quebequense sobre Integración Continental, RQIC, Fronteras Comunes de Canadá, además del Instituto Polaris, señala que los contenidos más nocivos para las economías son los que corresponden a los capítulos 11 y 6 del Tratado, que hacen referencia a los temas de Inversiones y la Cláusula de Proporcionalidad, respectivamente.

— -Declaración en Español---

15 años de daños bastan : el TLCAN debe ser renegociado

El 1º de enero de 2009 marca el 15º aniversario de la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC), que integra las economías de Canadá y México con la de los Estados Unidos. Para las redes de la sociedad civil en los tres países signatarios, este aniversario no es motivo de celebración.

En una declaración conjunta titulada "El TLCAN debe ser renegociado" (disponible en www.rmalc.org.mx), hemos propuesto que la renegociación del TLCAN debe centrarse en 10 ámbitos cruciales : la agricultura, la energía, la inversión extranjera, los servicios financieros, el papel del Estado y los servicios públicos, el empleo y los derechos laborales, la migración, el medio ambiente, los derechos de propiedad intelectual , y los mecanismos de solución de controversias.

El Presidente electo de EE.UU. Barack Obama, ha dicho que "el TLCAN y su potencial se sobrevendió al pueblo norteamericano". Nos gustaría añadir que el TLCAN también fue sobrevendido a los canadienses y a los mexicanos. Pensamos que el TLC es un acuerdo fallido que los gobiernos impusieron bajo la presión de las grandes corporaciones transnacionales, y que su renegociación debe garantizar que cualquier futuro acuerdo beneficie a los trabajadores y trabajadoras de los tres países.

Al llamar a una renegociación del TLCAN, nuestras organizaciones optan por un nuevo modelo de comercio en el que los gobiernos de los tres países gobiernen para el pueblo, en lugar de obedecer la última palabra de las grandes empresas. Los elementos más lesivos del TLCAN deben ser eliminados –en particular, las disposiciones sobre el Estado y los inversionistas que se integran en el capítulo 11, y la cláusula de proporcionalidad del Capítulo 6 que en la actualidad fuerza a Canadá a enviar dos terceras partes de su petróleo hacia Estados Unidos–.

Las todopoderosas empresas

Bajo el actual marco del TLCAN, sólo los directivos de las grandes empresas tienen un acceso privilegiado a los principales funcionarios del gobierno, mientras todos los demás sectores de la sociedad, incluidos los miembros electos del Parlamento y el Congreso, están excluidos.

Esta tendencia se hizo evidente sobre todo en marzo de 2005 cuando los tres países pusieron en marcha la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, o TLC–plus). Un año más tarde, fue creado el Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC, por sus siglas en inglés), formado exclusivamente por los directivos de las más grandes empresas de América del Norte. En ese momento, los ministros responsables de la ASPAN dijeron sumisamente a los directivos empresariales : "Díganos lo que tenemos que hacer y lo haremos".

Para cualquier tipo de renegociación del TLCAN será decisivo garantizar que todos los sectores de la sociedad puedan contribuir al debate sobre el futuro de América del Norte y que sean escuchados por los gobiernos.

El Capítulo 11 del TLCAN : Una carta que protege los derechos de los inversionistas

Por primera vez, bajo el TLC, los inversionistas extranjeros tienen el derecho a impugnar las políticas o la legislación de los gobiernos nacionales con el argumento de que estas políticas afectan a su capacidad para obtener ganancias.

Con las disposiciones del Capítulo 11 del TLCAN Inversionista / Estado los inversionistas extranjeros pueden reclamar que no se les dio igualdad de trato. Pueden cuestionar las medidas del gobierno de exigir el uso de productos locales o las medidas que protejan la salud de la población o el medio ambiente. La empresa privada puede demandar por daños y perjuicios al gobierno ante tribunales extranjeros casi secretos, poniendo en terribles dificultades las políticas públicas y las estrategias de desarrollo nacional y regional.

El TLCAN ha liberalizado los flujos de capital, bienes y servicios y criminalizado el flujo de mano de obra.

La mano de obra, la más valiosa exportación de México, es indispensable para los países del TLCAN y está ausente de dicho tratado, ; en cambio, es criminalizada y usada contra los niveles salariales de los trabajadores de la región. Renegociar el mercado laboral y defender los derechos laborales y humanos de las y los migrantes es una necesidad regional.

Canadá, una colonia energética de los Estados Unidos

Otro aspecto del TLCAN que debe revisarse, sobre todo en este período de inestabilidad de los precios del petróleo, es la "cláusula de proporcionalidad" ubicada en el Capítulo 6. Esta cláusula impide que el pueblo canadiense ejerza su soberanía sobre sus propios recursos energéticos mediante la garantía a los Estados Unidos de exportar una mayor proporción de la producción de petróleo de Canadá que la que el propio Canadá tiene para sí mismo.

La crisis económica requiere que se pongan en práctica un nuevo modelo de desarrollo

La desregulación, un objetivo venerado por los promotores del TLCAN, ha demostrado ser un vil fracaso. De hecho, es una de las principales causas de la actual crisis económica, como ha sido admitido por el ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan. Lo que ahora necesitamos es restaurar la función del Estado como protector del bien común, un papel socavado en gran medida en las últimas dos décadas por la aplicación ortodoxa del libre mercado.

El proyecto en curso del gobierno mexicano de, una vez más, profundizar unilateralmente la desregulación de un alto porcentaje de las importaciones, no sólo vuelve a atentar contra las capacidades productivas mexicanas, sino debilita su capacidad de renegociación comercial, asícomo pone en evidencia la incoherencia entre su retórica contra cíclica y su insistencia en las viejas recetas fracasadas.

Un nuevo modelo de comercio entre los tres países de América del Norte debe fomentar las relaciones económicas basadas en los derechos humanos, la justicia social y soberanía nacional, y estar centrado en el desarrollo sostenible. Exigimos que los poderes ejecutivos de los tres países escuchen a su pueblo y a sus representantes debidamente elegidos. Estamos convencidos que otro mundo es posible : un mundo en el que los derechos de los pueblos tengan prioridad sobre las ganancias corporativas.

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Este comunicado de prensa es una iniciativa conjunta de las cuatro redes multisectoriales : Red Quebequense sobre Integración Continental (RQIC), Fronteras Comunes de Canadá, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y la Alianza por un Comercio Responsable (ART) de Estados Unidos, además del Instituto Polaris.

Para más información en México :

* Alejandro Villamar : 04455 1512 6388 / avillamarc@hotmail.com

* Marco A. Velázquez Navarrete : 04455 1683 0159 /secretario.rmalc@gmail.com

* Sergio Ramírez Zúñiga / Prensa RMALC : 53551177, 53564724 / serazu_2002@yahoo.com.mx / rmalc@laneta.apc.org

En Canadá :

*Red Quebequense sobre Integración Continental (RQIC) : Pierre-Y Serinet, 514-276-1075, rqic@ciso.qc.ca

*Common Frontiers-Canada : Rick Arnold, 905-352-2430, comfront@web.ca

En Estados Unidos :

*Alianza por un Comercio Responsable (ART) : Tom Loudon, 301-699-0024, toml@quixote.org

— -Declaración en Inglés---

15 Years of Damage is Enough : NAFTA Must Be Renegotiated

(Montreal, Ottawa, Washington and Mexico City / December 30, 2008) – January 1, 2009 marks the 15th anniversary of the implementation of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), which integrates the economies of Canada and Mexico with that of the United States. For civil society networks in the three North American signatory countries, this anniversary is no cause for celebration.

In a Joint Declaration entitled “NAFTA must be renegotiated” (available at www.commonfrontiers.ca), the networks propose that NAFTA re-negotiation should centre on 10 crucial areas : agriculture, energy, foreign investment, financial services, the role of the state and public services, employment and labour rights, migration, environment, intellectual property rights, and the dispute settlement mechanism.

We concur with U.S. President-elect Barack Obama’s statement that “NAFTA and its potential were oversold to the American people”. We would add that NAFTA was oversold to Canadians and Mexicans. We believe that NAFTA is a flawed deal that governments imposed under pressure from large corporations, and that re-negotiation should ensure that any future agreement benefits workers in the three countries.

In calling for a re-negotiation of NAFTA, our organizations are opting for a new trade model in which our governments govern for the people instead of having large corporations call the shots. NAFTA’s most damaging elements must be eliminated - in particular the investor-state provisions found in Chapter 11, and the Chapter 6 proportionality clause that currently forces Canada to send two-thirds of its oil to the United States.

The all-powerful corporations

Under NAFTA, only the CEOs of large companies have privileged access to key government officials, while all other sectors of society, including elected members of Parliament and Congress, are excluded.

This trend became especially obvious in March 2005 when the three countries launched the Security and Prosperity Partnership of North America (SPP, or what quickly became known as NAFTA-Plus). One year later the North-American Competitiveness Council (NACC), made up exclusively of CEOs from North America’s largest companies, was created. At that time, government ministers responsible for the SPP said to CEOs : “Tell us what we need to do and we’ll make it happen.”

Key to any NAFTA re-negotiation will be ensuring that every sector of society can contribute to the debate about North America’s future and that they will be listened to by our governments.

A charter that protects investors’ rights – NAFTA Chapter 11

For the first time ever, under NAFTA, foreign investors got the right to challenge policies or legislation of national governments by claiming that these policies would affect their ability to make profit.

NAFTA’s Chapter 11 Investor/State provisions can be triggered in a number of ways. Foreign investors can claim they were not given equal treatment. They can challenge government measures to require the use of local goods or measures that protect a population’s health or the environment. And the private company can sue the government for damages. Such cases have resulted in “chilling” governments’ efforts for the public good or for national or regional development strategies.

Canada, an energy colony of the United States

Another aspect of NAFTA that needs to be re-examined, particularly in this period of unstable oil prices, is the “proportionality” clause found in NAFTA’s Chapter 6. This clause prevents the Canadian people from exerting their sovereignty over their own energy resources by guaranteeing the United States a greater proportion of Canada’s oil production than Canada gets itself. After seeing this clause during the original NAFTA negotiations, Mexico demanded - and was given - an exemption. Far from being an “energy superpower,” as Prime Minister Stephen Harper claims, Canada is actually an energy colony, putting the voracious appetite of the U.S. for non-renewable hydrocarbons ahead of Canada’s own needs.

The economic crisis requires that a new development model be put in place

Deregulation, an objective once revered by NAFTA proponents, has proven to be an abject failure. In fact, it is one of the principal causes of the current economic crisis, as admitted by none other than the former president of the Federal Reserve of the United States, Alan Greenspan. We need now to restore the role of the state as protector of the common good, a role that has been greatly undermined in the last two decades.

A new trade model between the three North American countries must promote economic relations based on human rights, social justice and national sovereignty, while focusing on sustainable development. We demand that the executive branches of our respective governments listen to their people and to the duly elected representatives in their legislatures. This is the only way to ensure that another world is possible - a world where peoples’ rights take precedence over corporate profits.

This press release is a joint initiative of four multi-sectorial networks in North America, namely the Québec Network on Continental Integration (RQIC), Common Frontiers-Canada, the Mexican Action Network on Free Trade (RMALC), the Alliance for Responsible Trade (ART-US) – and the Polaris Institute.