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Tratados de Libre Comercio UE-ALC
  (ES) El Parlamento Europeo da prioridad a los intereses comerciales por encima de los derechos humanos / (EN) The European Parliament prioritises trade interests over human rights
   

Según un estudio de la London School of Economics : "Los dos Acuerdos carecen de mecanismos de seguimiento en materia de Derechos Humanos"

Fuente : OIDHACO y FIAN - Bruselas, 11 de diciembre de 2012.

Al ratificar hoy el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y el Tratado Comercial entre la UE – Colombia y Perú, el Parlamento Europeo manifestó que su prioridad es el comercio, por encima de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. Los acuerdos no plantean medidas suficientes para abordar los abusos de derechos humanos en América Latina, y no toman en cuenta las asimetrías entre las dos regiones, según un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En octubre 2012, más de 160 organizaciones de la sociedad civil europea y latinoamericana enviaron al Parlamento Europeo una carta pidiendo que no ratificaran el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europa, Colombia y Perú. En junio 2012, 11 redes centroamericanas y 6 redes europeas e internacionales se pronunciaron contra el Acuerdo de Asociación UE – América Central firmado en Honduras el 29 de junio, un día después del tercer aniversario del golpe de estado en Honduras. Estas peticiones se basan en las dramáticas consecuencias que estos tratados pueden tener en los derechos humanos, la soberanía alimentaria de las comunidades, la contaminación del entorno de vida de pueblos enteros, y en la destrucción de sectores de la economía local como el sector lácteo.

Estos acuerdos reproducen e incrementan un modelo exportador de materias primas desde los países latinoamericanos hacia la UE, un modelo que ya ha demostrado, beneficia a las empresas trasnacionales y no contribuye a un desarrollo inclusivo para los pueblos latinoamericanos. Los estudios de impacto sobre sostenibilidad, encargados por la Comisión Europea para evaluar los Acuerdos con Centroamérica, Colombia y Perú, señalan que como consecuencia de éstos, se promoverá entre otros, la producción de agrocombustibles destinados a la exportación, lo cual aumentará la presión sobre la tierra, y por ende, sobre la vida de la población rural, en especial sobre los pueblos indígenas.

La Unión Europa argumenta que estos Acuerdos reforzarán la acción en materia de derechos humanos, en particular a través de la cláusula democrática de los dos acuerdos que permitiría suspenderlos en caso de graves violaciones. Sin embargo, las organizaciones firmantes estiman que estos acuerdos son insuficientes para garantizar el respeto de los derechos humanos. Según un estudio realizado por la London School of Economics, y encargado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, los dos Acuerdos carecen de mecanismos de seguimiento en materia de derechos humanos, concluyendo que no hay un mecanismo específico para vigilar la aplicación de la cláusula de derechos humanos, ni un Subcomité dedicado al monitoreo de los derechos humanos y cuestiones de la democracia.

Colombia sigue siendo el país más peligroso para sindicalistas en el mundo y recientemente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que existe una base razonable para pensar que crímenes de lesa humanidad han sido perpetrados en Colombia tanto por el Estado como por paramilitares y miembros de la guerrilla. En Guatemala fueron asesinados 10 sindicalistas en 2011 y según la ONU, Honduras es uno de los países más violento en el mundo, y el país más peligroso para periodistas y miembros de organizaciones campesinas en el continente. ¿Será que, aun así, los países de las dos regiones cumplen con los criterios de la Unión Europea en materia de derechos humanos ?

En noviembre, los Gobiernos de Colombia y Perú presentaron documentos para responder a la solicitud del Parlamento Europeo de elaborar una “hoja de ruta” vinculante y orientada hacia resultados concretos en materia de derechos humanos, ambientales y laborales. Según las organizaciones de la sociedad civil, estos documentos presentados carecen de resultados concretos, y a su vez, no contemplan medidas específicas para mitigar los impactos de estos Acuerdos.

Estos Acuerdos Comerciales necesitan ahora ser ratificados por los países miembros de la Unión Europea. Los Parlamentos nacionales deben escuchar el clamor de los pueblos latinoamericanos y europeos y dar prioridad a los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

The European Parliament prioritises trade interests over human rights

According to studies by the London School of Economics "the two Agreementslack mechanisms for monitoring and enforcing Human Rights"

Brussels, 11th of December 2012

The European Parliament has prioritised trade over human rights and sustainable development today in a vote that brings into force two agreements between the European Union and Central America, and Colombia and Peru. The agreements will not do enough to address human rights abuses in Latin America, and do not take into consideration the asymmetries between the two regions, according to broad group of civil society organisations.

In October, more than 160 European and Latin American civil society organisations sent a letter to the European Parliament, demanding it reject the Free Trade Agreement between the European Union and Colombia and Peru. In June, 11 Central American networks and six European and international networks pronounced their opposition to the Association Agreement between the European Union and Central America signed in Honduras on the 29th of June, one day after the third anniversary of the coup d’état en Honduras. These appeals came amid fears of the dramatic consequences these agreements might have on human rights, food sovereignty, local economies such as the dairy sector and the environment - impacting the lives of entire communities.

The two agreements build upon the ‘business as usual’ model of raw material extraction and export from Latin American countries to the European Union – a model proven to favour transnational corporations over inclusive and sustainable development. For example, the European Commission’s own study on the sustainability impacts of the agreements show an increase in biofuel production for export – with the resulting increase of pressure on land. The impacts of this are being felt by rural populations, especially indigenous peoples.

The European Union argues that these agreements will strengthen action in the field of human rights, in particular through the democratic clause of the two agreements that will allow for the suspension of the agreements in case of serious human rights violations. However, according to undersigned organisations the agreements do not go far enough to guarantee the respect for human rights. According to studies by the London School of Economics commissioned by the European Parliament in March this year, the two agreements lack mechanisms for monitoring and enforcing human rights, highlighting that there is no there is no specific mechanism to monitor the implementation of the human rights clause, or a subcommittee dedicated to monitoring human rights and democracy issues.

Colombia remains the most dangerous country for trade unionists in the world. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court has reported there is a reasonable basis to believe that crimes against humanity have been committed in Colombia both by the State and by paramilitaries and members of the guerrillas. Ten trade unionists were murdered in Guatemala in 2011 ; the UN has proclaimed Honduras to be one of the most violent country in the world and the most dangerous for journalists and peasant organisations. Could it be that, even so, tough the countries of the two regions meet the criteria of the European Union on human rights ?

In November, the governments of Colombia and Peru submitted documents in response to the request of the European Parliament to develop a legally binding "roadmap" oriented towards concrete results in human rights, environment and labour standards. According to civil society organisations, these documents lack concrete results, and in addition do not include specific measures to mitigate the impacts of these agreements.

The agreements still need to be ratified by the European Union member states. National parliaments are called upon to listen to the outcry of the Latin American and European people and give priority to human rights and sustainable development.



 
     
     
     
     
 
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