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Campaña contra el TLC Unión Europea - Colombia/Perú (Campaign against the FTA EU-Colombia/Peru)
  ¿Y los defensores de derechos humanos ?
   

Fuente : El Espectador

Pese al tono de conciliación que el Gobierno actual tuvo cuando inició su periodo, las cifras y los testimonios no dejan duda : este país no es apto –suena terrible, es cierto– para que alguien se proponga la noble aspiración de defender libremente los derechos de las poblaciones vulnerables. Puede terminar muerto. O desaparecido.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) lo afirma de manera contundente en su último informe : menciona que en 2011 hubo una violencia aplastante, ya que 49 defensores fueron asesinados. Las normas favorables a su protección se van promulgando en la capital, es verdad, y éstas a su vez representan un avance en esa “defensa” de los defensores. Pero en el entretanto las regiones se desangran, entre otras, con las vidas de quienes quieren un respeto mayor al código de derechos humanos. Pero la CCJ no está sola en este diagnóstico. El programa Somos Defensores amplía un poco la medición : en total, 239 defensores fueron agredidos durante el 2011.

También a nivel internacional se repite y describe esta vergonzosa realidad. Hace poco el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo entregó un informe sobre la situación de violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados entre 1984 y 2011. Un informe que contradice aquella afirmación tantas veces utilizada en el debate del TLC con Estados Unidos de que quienes se oponían a él exageraban la situación. No parece tanto : 2.800 sindicalistas asesinados, 216 desapariciones forzadas, 83 casos de tortura y 163 secuestros, de acuerdo con una de las fuentes del informe. Y pese a los avances para la investigación, traducidos en la creación de la subunidad para investigar crímenes contra sindicalistas en la Fiscalía y la jurisdicción penal especial de descongestión en la rama judicial, la impunidad, hasta 2009 era del 94,4%.

Pero no hay que ir tan lejos : en la edición del viernes, este diario publicó la situación del abogado José Humberto Torres quien, presuntamente, tiene un precio impuesto por políticos y exparamilitares : $200 millones. Neto. Como tratándose de un criminal de alto nivel por el que ofrecen recompensas los gobiernos del mundo. Insólito.

Todos estos datos levantan distintos cuestionamientos : ¿qué ocurre con las normas de protección ? ¿Por qué un país que se precia de democrático no admite dentro de su territorio a personas o fundaciones que intenten defender la democracia ? Podría ser culpa de los grupos armados al margen de la ley, es verdad. Pero la responsabilidad recae, más que todo, sobre el Estado. Aún falta mucho. Colombia sí ha avanzado en esta lucha, esto es innegable, pero por ningún motivo puede considerarse como un ejemplo a nivel internacional : si algún miembro de un país no sabe cómo defender a este tipo de población es un colombiano. Por eso se entiende que algunos se opongan a la candidatura del vicepresidente Angelino Garzón como director general de la OIT. No es por apátridas. Más, por ser razonables con la realidad colombiana.

Como se ha dicho en diversos sectores y foros de opinión, el compromiso de este Gobierno, en particular, es muy grande : si impulsa una ley de restitución de tierras (que, incluso, algunas Bacrim han dicho que impedirán con motosierra) hay que prestarles atención a esas personas que dedican su vida a la defensa de los más débiles. Cada ocho días muere asesinado uno de ellos. No sobra prestar mayor atención, cuando tantas personas (de distinta índole) lo están expresando a gritos. Falta demasiado para comenzar a celebrar.



 
     
     
     
     
 
Enlazando Alternativas | Red Birregional UE - ALC | 2007
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