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Tribunal Madrid (Mayo 2010)
  Marco conceptual para el TPP Sesión Madrid (mayo de 2010)
   

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Este documento marco tiene como objetivo rescatar las principales ideas, argumentos y núcleos conceptuales que se han ido desarrollando a lo largo del rico proceso de trabajo impulsado desde la Red Birregional Enlazando Alternativas y el Tribunal Permanente de los Pueblos en los últimos 5 años. Este marco conceptual intenta servir a las diversas organizaciones y grupos que participan en dicho proceso como referencia para preparar la próxima sesión del TPP en Madrid, en mayo de 2010.

A lo largo de las diferentes sesiones del TPP impulsadas desde la Red Birregional, se han ido generando herramientas conceptuales para detectar y enfrentar el carácter sistémico de la actuación de las empresas transnacionales, y en particular las europeas, en América Latina. La condena de los abusos de las transnacionales, el poner freno a las violaciones de los derechos humanos y exigir los resarcimientos en cada caso, siguen siendo parte de un objetivo político unificador. Pero en el proceso llevado adelante en los últimos años ha quedado en evidencia que la presencia de impactos, abusos y violaciones concretas cometidas en el terreno por las transnacionales se dan, incluso cuando las empresas “están en regla” actuando conforme a derecho.

En este sentido la red ha volcado parte de su atención en los instrumentos legales existentes que permiten a las transnacionales actuar con impunidad y cometer abusos dentro de un marco de aparente legalidad.

Es necesario construir una síntesis que reúna todos los elementos de prueba recogidos a lo largo del proceso del TPP y nos permita a las organizaciones y movimientos sociales que confluimos en el espacio de la Red Birregional y mas allá, pasar a un nuevo nivel de articulación global contra el poder de las transnacionales.

Además, se ha vuelto cada vez más necesario enfocar directamente al papel que está jugando la Unión Europea a través de sus diferentes políticas, instrumentos y actores, en la expansión y aumento del poder de las transnacionales, y en la consolidación del modelo de relación subordinada que existe hacia América Latina. En el punto más alto de la jerarquía de ese apoyo oficial, se encuentran los Estados europeos cuando permiten que las transnacionales europeas vulneren los derechos de las poblaciones, grupos y comunidades afectadas. Los Estados son corresponsables o cuanto menos cómplices de buena parte de las violaciones de los derechos humanos. Algo que contrasta con el compromiso internacional de los Estados, en el marco de sus obligaciones de proteger y garantizar el respeto hacia los derechos de los sectores vulnerados, expresados en convenios o tratados internacionales como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), entre muchos otros.

Asimismo, el papel de muchos gobiernos latinoamericanos al permitir, incluso instigar dichas vulneraciones, no ha sido menor. Esta vez, por celebrarse en Europa el presente TPP, se hará hincapié en los casos que implican transnacionales e instituciones oficiales europeas.

A lo largo de las audiencias del TPP en Colombia, Nicaragua, Guatemala, Estado español, Glasgow, Viena, La Haya, Honduras y sobre todo desde la última sesión del TPP en Lima, la identificación de los actores involucrados y los instrumentos y mecanismos principales nos ha permitido conocer la “magnitud del desastre” generado por las transnacionales. Se ha visibilizado cuál es el funcionamiento de la lógica del saqueo. A nivel de la superficie, hemos desvelado las conexiones fluidas entre las transnacionales y las elites locales, pero los movimientos de fondo continúan -bajo la lógica de lograr el mayor lucro en el menor tiempo- generando impactos actuales con daños permanentes que se suman a los ya realizados. (ver marco conceptual para Lima).

Poniendo el foco en la complicidad de la UE

Las empresas transnacionales anteponen el lucro y su objetivo de crecer y asegurarse nuevas cuotas de mercado, al respeto a las leyes y los derechos humanos. En particular las transnacionales son fuente de crímenes económicos y ambientales en todo el planeta, pero tenemos que considerar que estas mismas empresas de las que se reportan violaciones a los derechos de las personas, son ayudadas e incluso proyectadas e impulsadas por los gobiernos e instituciones de sus países de origen – mayoritariamente del Norte, pero también del Sur-, bajo el supuesto de que la internacionalización de la empresa local reporta grandes beneficios para la economía de origen.

Dicha ayuda se produce de formas muy diversas, pero lo significativo es que forma parte de la médula espinal de la geopolítica de estas potencias hacia terceros países. En nuestra perspectiva la política exterior de la Unión Europea y sus Estados miembro gravita alrededor de los intereses de expansión de las grandes empresas europeas.

La colaboración de los gobiernos con los objetivos de lucro y expansión corporativa es tan intensa que no deja lugar a dudas para que se la catalogue como “complicidad”. Complicidad que en materia de violaciones de los derechos humanos se convierte en “responsabilidad exterior” y “anticooperación” no sólo de los directivos y accionistas de las transnacionales, sino también de los gobiernos que las ayudan a internacionalizarse.

Por eso es necesario reconocer que los crímenes económicos y/o ambientales no se producen sólo por contacto directo entre la empresa y las comunidades afectadas, sino que una gran parte se produce por canales indirectos a través de la deformación de las leyes, las políticas, las instituciones a favor de las transnacionales y las oligarquías locales, y en detrimento de los pueblos y los territorios en los que viven.

En otras palabras, la anticooperación surge también de los gobiernos cuando en complicidad con las transnacionales, imponen regímenes transnacionales que no sirven al buen vivir de sus pueblos. Por esa razón es que se torna necesario que se desarrolle tanto política como jurídicamente la noción de imputabilidad de las instituciones oficiales ante dichos crímenes. Y en nuestro caso, los crímenes imputables a una “Unión Europea Globalmente Irresponsable”, especialmente porque ésta se presenta ante la opinión pública internacional como garante de desarrollo y de la promoción de los derechos humanos a nivel mundial. Ir a la fuente del problema, enfocando a las políticas, instituciones e instrumentos oficiales de la UE y de sus países miembros que constituyen dicho régimen por el lado europeo, nos ayuda a conceptualizar mejor dicha complicidad. Hablamos de políticas como el mismo Tratado de Lisboa, la estrategia “Europa Global : competir en el mundo” (CE, 2006), la Estrategia de Lisboa 2020, la Política Agraria Comunitaria (PAC), Política Pesquera Comunitaria (PPC), el Documento de programación regional América Latina 2007-2013 (CE, 2007), la “Raw Materials Initiative” (Iniciativa de Materias Primas, COM 2008), los Acuerdos de Asociación o EPAs, y por supuesto, la política de persecución de los migrantes.

La UE está siendo especialmente agresiva en la estrategia de impulsar negociaciones de libre comercio bajo el formato de “Acuerdos de Asociación” con los países centroamericanos y con Colombia y Perú. Estos acuerdos fortalecerán aún más a las transnacionales europeas, y continuarán socavando los derechos de los pueblos.

Implica enfocar también a las instituciones europeas, empezando por los gobiernos de los países miembros (como el Gobierno español), el Consejo de la UE, la GAERC (the General Affairs and External Relation Council), y el Comité del Artículo 133, la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Estas políticas, instituciones e instrumentos de la UE actúan a todo nivel, a escala estatal, regional, local, eurocomunitaria y supraestatal, interfiriendo de manera negativa y sistemática en el ámbito comercial, financiero, tecnoproductivo, militar, ambiental, migratorio, diplomático, simbólico y “solidario”. Por ejemplo, a escala estatal pueden actuar mediante oscuros instrumentos`financieros como las llamadas agencias de crédito a la exportación, responsables de dos tercios de la deuda externa y de la destrucción ambiental en distintos puntos de América Latina y el Caribe. A escala supraestatal, la política europea se produce en presiones a través de organismos multilaterales como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o el propio FMI (Fondo Monetario Internacional), donde la influencia europea compite o coopera con la estadounidense.

Un modelo de internacionalización que actúa de paradigma y arrastre para el resto de capitales europeos es el español, cuya influencia es determinante en la configuración de la agenda europea para América Latina y el Caribe. Ejemplos de ello los tenemos en instrumentos oficiales de internacionalización de la empresa española, “fuera de control” ciudadano, nuevos como el Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), o antiguos como CESCE (la agencia de crédito a la exportación española) ; en las interferencias directas e indirectas de transnacionales españolas cuyas inversiones superan la suma del resto de inversiones europeas y cuya presencia puede ser tan nefasta como la de Unión Fenosa o Marsans en Guatemala, Colombia, Nicaragua o Ecuador ; o la influencia española en la agenda de políticas como la Política Pesquera Comunitaria (PPC), que atentan contra la subsistencia de los pescadores artesanales de las costas latinoamericanas.

Avanzando en considerar las violaciones de las empresas como “crímenes contra la humanidad”

Hemos asistido en los últimos meses a importantes señales que se producen desde otros ámbitos -como las Naciones Unidas y no solamente el Panel Ruggie- sobre cómo llenar el vacío jurídico del cual se aprovechan las empresas transnacionales. Es evidente que el “doble juego” que hacen las transnacionales al imponer determinadas acciones a los Estados, y ponerse bajo su protección cuando se sienten amenazadas, les ha rendido excelentes resultados y no hemos podido encontrar hasta ahora la manera para desactivarlo.

Sin embargo, la Red Birregional Enlazando Alternativas ha buscado avanzar mas allá de la noción de Responsabilidad Social Corporativa, por considerarla insuficiente -dado que se fundamenta en los principios de voluntariedad, unilateralidad y no-exigibilidad jurídica– para tratar y punir los casos que trata el TPP, y ha intentado responder a la necesidad de construir un marco jurídico-normativo que pueda considerar las violaciones de las empresas como “crímenes contra la humanidad”.

“Crimen contra la humanidad”

La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato,

exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Esta definición coincide plenamente con nuestro diagnóstico sobre lo que en la práctica están haciendo las empresas transnacionales europeas en América Latina y el Caribe con el apoyo activo y la complicidad de las instituciones públicas europeas (y latinoamericanas).

Los casos para la Sesión del Tribunal en Madrid

Teniendo en cuenta el acumulado de estos últimos 4 años y la decisión de enfocar esta sesión sobre el papel que está jugando la Unión Europea a través de sus diferentes políticas, instrumentos y actores, en la expansión e incremento del poder de las transnacionales, para la sesión en Madrid se van a considerar tanto la actualización de casos ya presentados en Tribunales anteriores, como los nuevos casos que ahora se presenten.

Dada la necesidad de avanzar en lo que hemos construido con los Tribunales anteriores, la sesión del TPP en Madrid puede ser una oportunidad para presentar las actualizaciones de los casos ya presentados en las sesiones anteriores. Para ello no alcanza solamente con actualizar los datos, pues es fundamental que los casos pongan a la luz nuevos elementos. Y en lo posible, elementos que ayuden a evidenciar nuevos impactos o alguno de los instrumentos o actores que muestren la complicidad de la UE en el actuar de la transnacional europea.

Los casos nuevos que sean presentados es importante que consideren el foco de esta sesión y por tanto procuren aportar evidencias que contribuyan a crear el argumento de complicidad de la UE, sus políticas e instituciones, así como el porque las violaciones de las empresas podrían ser consideradas “crímenes contra la humanidad”.

Es así que en el TPP de Madrid deberemos valorar qué transnacionales europeas son acusadas de crímenes contra la humanidad, y qué instituciones oficiales europeas son cómplices o corresponsables de ello. Analizaremos casos donde confluyen al mismo tiempo empresas, e instituciones oficiales, en toda su complejidad. Para luego, desde la legitimidad del Tribunal de los Pueblos y el respaldo de las organizaciones sociales convocantes, difundirlo y denunciarlo públicamente lo más alto posible para que la justicia global pueda imponerse.

Así también, con el TPP de Madrid se cierra una etapa y se abre otra. La evidencia reunida, la experiencia de campañas y el avance conceptual acumulado de los diferentes Tribunales organizados entre mayo de 2006 y mayo de 2010, será la base para avanzar hacia nuevas articulaciones y campañas que busquen desmantelar el poder de las transnacionales como forma de proteger a los pueblos y al planeta en el que vivimos, y caminar hacia un buen vivir y convivir global.


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Conceptual Framework Madrid Session of the Permanent Peoples Tribunal, May 2010

This framework document aims to outline the principal ideas, arguments and core concepts that have developed over the long and rich process of the work driven by the Europe Latin America & Caribbean bi-regional Network Enlazando Alternativas and by the Permanent Peoples’ Tribunal over the past five years. This conceptual framework aims to serve as a reference point for the diverse organisations and groups participating in that process, to prepare for the coming session of the PPT in Madrid, in May 2010.

Throughout the different sessions of the PPT promoted by the Bi-regional Network, conceptual tools have been created to investigate and confront the systemic behaviour of transnational corporations (TNCs), in particular, the European TNCs in Latin America. The condemnation of the abuses of TNCs, the curbing of human rights violations and the demand of compensation in each case, continues to form part of a unifying political aim. However, during the process undergone in recent years it has become clear that the impacts, abuses and specific violations committed by TNCs in the field, occur even when the companies are doing it “by the book” and acting in accordance with the law. The network has therefore turned part of its attention to the existing legal instruments that allow transnational corporations to act with impunity and commit abuses within an apparently legal framework.

It is necessary to synthesise the evidence collected throughout the PPT process, in order to allows us, the organisations and social movements converging within the Bi-regional network and beyond, to advance to a new level of global articulation against the power of the transnationals.

Furthermore, it has become increasingly necessary to focus directly on the role played by the European Union through its different policies, instruments and actors, in the expansion and increasing power of the TNCs, and in the consolidation of the subordinate relationship that exists with regard to Latin America. At the highest point of this hierarchy of official support, we find the European member states, when they allow European transnationals to violate the rights of the affected populations, groups and communities. The States share responsibility for, or are at least complicit in, many of the human rights violations. This contrasts with the international commitment of the States, in the framework of their obligations to protect and guarantee respect for vulnerable sectors, as expressed in international agreements or treaties such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), among many others.

Although many Latin American governments have also played a not insignificant role in allowing and even instigating these violations, this time, as the coming PPT will take place in Europe, emphasis will be placed on the cases in which European transnationals and official institutions are implicated.

Throughout the hearings of the PPT in Colombia, Nicaragua, Guatemala, the Spanish State, Glasgow, The Hague, Honduras, Vienna and above all in the last session in Lima, Peru, the identification of the actors involved and the principal instruments and mechanisms has enabled us to comprehend the “magnitude of the disaster” generated by the TNCs. The functioning and logic of plunder has been exposed. On the surface, we have revealed the fluid connections between the TNCs and the local elites, but the fundamental process continues - under the logic of maximising profits in the shortest possible time - currently generating impacts, which result in permanent destruction which accumulates on the damage already done.

Placing the spotlight on EU complicity

The TNCs place profits and their objective of growth and new market quotas above respect for the law or human rights. In particular, the TNCs are a source of economic and environmental crimes across the entire planet. In addition we have to consider that these TNCs accused of violations of the peoples’ rights are helped, protected and promoted by the governments and institutions in their countries of origin (mostly in the Global North, but also in the South), under the supposition that the internationalisation of local corporations brings great benefits to the economy of the country in which the TNC originates.

While this support is given in a wide variety of ways, the important point is that it forms a central part of the geopolitical attitude of these powers towards third countries. In our view the foreign policy of the European Union and its members States gravitates around the expansion of the major European corporations.

The collaboration of governments in the pursuit of profit and corporate expansion is so intense that it can, without a doubt, be classed as “complicity”. Complicity that, in terms of human rights violations, becomes “external responsibility” and “anti-cooperation” not only on the part of the directors and share-holders in the TNCs, but also of the governments that help them to internationalise.

It is therefore necessary to recognise that economic and/or environmental crimes are not only perpetrated through direct contact between the corporation and the communities, but that a large part are generated by indirect channels through the deforming of laws, policies and institutions in the interests of the TNCs and the local oligarchies, to the detriment of the peoples and the territories where they live.

In other words, anti-cooperation also emerges from the governments when, in complicity with the TNCs, they impose transnational regimes that do not serve the well being of their peoples. Because of this it becomes necessary to develop, both politically and judicially, the notion of the legal responsibility of the official institutions in the face of these crimes. In this case it means holding a “Globally Irresponsible European Union” legally responsible for these crimes, particularly because the European Union presents itself to public opinion as a guarantor of development and the a promoter of human rights at a global level.

Getting to the source of the problem, focussing on the policies, institutions and official instruments of the EU and its member countries that make up this regime on the European side, helps us to better conceptualise that complicity. We are referring to policies such as the Treaty of Lisbon itself, the strategy of “Global Europe : competing in the world” (COM, 2006), The Lisbon Strategy 2020, the Common Agricultural Policy (CAP), Common Fisheries Policy (CFP), the Latin America Regional Programming Document 2007-2013 (COM, 2007), the “Raw Materials Initiative” (COM 2008), the Economic Partnership Agreements or EPAs, and of course, the policy of persecuting migrants.

The EU is being particularly aggressive in pushing free trade negotiations under the format of “Association Agreements” with the Central American region and with Colombia and Peru. These agreements further strengthen the European transnationals, and continue to undermine the rights of the peoples.

It also implies focussing on the European institutions, starting with the governments of the member States (such as the Spanish government), The European Council, the General Affairs and External Relation Council (GAERC), and the Article 133 Committee, the European Commission, and the European Investment Bank (EIB).

These EU policies, institutions and instruments act at State, regional, local, European community and supra-state levels, interfering in a systematic and negative way in the areas of trade, finance, technology and production, the military, the environment, migration, diplomacy, symbolism and “solidarity”. For example, at a state level, these policies mediated through financial instruments such as the so-called Export Credit Agencies (ECAs), are responsible for two-thirds of foreign debts and the environmental destruction of different parts of Latin America and the Caribbean. At a supra-state level, the European policy is expressed as pressure exerted through multilateral organisations such as the IDB (Inter-American Development Bank) or the IMF (International Monetary Fund) itself, where European interests compete or cooperate with those of the United States.

A model of internationalisation that acts as a paradigm and a current for the rest of the European capitals is Spain, the influence of which is decisive in the configuration of the European agenda for Latin America and the Caribbean. There are examples of this in the new official instruments of internationalisation of Spanish business, “beyond the control” of citizens, like the Fund for the Internationalisation of Business (FIEM by its Spanish initials), or older examples like the CESCE (the Spanish Export Credit Agency) ; in the direct and indirect interference of Spanish TNCs whose investments are greater than the sum of all the other European investments and whose presence can be as destructive as that of Unión Fenosa or Marsans in Guatemala, Colombia, Nicaragua or Ecuador ; or the Spanish influence on policies such as the Common Fisheries Policy (CFP), that are attacking the subsistence of traditional fisher folk on the coasts of Latin America.

Advancing in the consideration of violations of corporations as “crimes against humanity”

In recent months we have witnessed important signs coming from other arenas – such as the United Nations and not only from the “Ruggie-Panel” about how to fill the legal vacuum that TNCs are taking advantage of. It is clear that the TNCs’ game of “double-think”, whereby they impose certain actions on the States, and then seek their protection when they feel threatened, has yielded them excellent results, and we have not, as yet, found a way to neutralise it.

Nevertheless, the Bi-regional Network Enlazando Alternativas has sought to go beyond the notion of Corporate Social Responsibility, considering it insufficient - given that it is based on voluntary, unilateral principles which are not legally enforceable – in order to address and punish those cases presented to the PPT. The Enlazando Alternativas network has identified the need to build a judicial-regulatory framework that can consider the violations committed by these corporations to be “crimes against humanity”.

“Crime against humanity”

The definition of “crime against humanity” or crime of “lesa humanidad” in the Statutes of Rome of the International Penal Court covers conduct categorised as murder ; extermination ; deportation or forced displacement ; jailing ; torture ; rape ; forced prostitution ; forced sterilization ; persecution on political, religious, ideological, racial, ethnic or other expressly defined grounds ; forced disappearances ; kidnapping ; or any other inhumane acts that cause grave suffering or attack the mental or physical health of those who suffer them, provided that said conduct is committed as part of a generalised or systematic attack against a civil population and with knowledge of that attack.

This definition clearly coincides with our diagnosis of the practices of European TNCs in Latin America and the Caribbean with the active support of European (and Latin American) public institutions. The cases for the Madrid session of the Tribunal

Taking into account the accumulation of the past four years and the decision to focus this Tribunal session on the role played by the European Union through its different policies, instruments and actors, in the expansion and increase of the power of the TNCs. For the preparation of the Session in Madrid consideration will be given both to the updating of the cases already presented to previous Tribunals, as well as new cases to be presented now.

Given the need to build on what we have created with the previous Tribunals, the PPT session in Madrid could be an opportunity to present the updating of the cases already presented in previous sessions. For this it is not enough to simply bring the details up to date, it is fundamental that the cases bring to light new elements. As far as is possible, these should be elements that show new impacts or the involvement of any of the instruments or actors that show the complicity of the EU in the behaviour of European TNCs.

It is important that the new cases being presented consider the focus of this session and, in consequence, aim to provide evidence that contributes to arguing on the complicity of the EU, its policies and institutions, as well as arguing why the violations committed by the corporations should be considered “crimes against humanity”.

In this way, at the PPT in Madrid, we should be able to conclude that European TNCs stand accused of crimes against humanity, and that official European institutions are complicit or share responsibility in these crimes. We will analyse cases where TNCs coincide with official institutions, in all their complexity. Later, with the legitimacy that the Permanent Peoples’ Tribunal has, and with the backing of the convening social organisations, we will spread the information and publicly decry it to the highest levels so that global justice can be imposed.

Thus, with the PPT in Madrid, one chapter is closed and another opened. The evidence gathered, the experience of the campaigns and the accumulated conceptual advances from the different Tribunals organised between May 2006 and May 2010, will provide the basis for going forward. This will lead to new articulations and campaigns that seek to dismantle the power of the TNCs as a way of protecting the peoples and the planet on which we live, and walking towards living well and living together around the globe.


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Quadro di riferimento concettualeper il TPP Sessione di Madrid, maggio 2010

Questo documento ha come obiettivo quello di raccogliere le principali idee, argomentazioni e nuclei concettuali che si stanno sviluppando nell’arco del lungo processo di lavoro sostenuto dalla Rete Biregionale Enlazando Alternativas (EA) e dal Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) negli ultimi 5 anni. Questo quadro di riferimento concettuale vuole essere utile alle diverse organizzazioni e gruppi che partecipano al suddetto processo come riferimento per la prossima sessione del TPP di Madrid, nel maggio del 2010.

Durante le diverse sessioni del TPP sostenute dalla Rete Biregionale EA, sono stati creati strumenti concettuali per individuare e affrontare il carattere sistemico delle azioni delle imprese transnazionali, e in particolare quelle europee, in America Latina. La condanna degli abusi delle transnazionali, porre un freno alle violazioni dei diritti umani ed esigere un risarcimento per ogni caso, continuano ad essere parte dell’obiettivo politico unificante. Ma il processo portato avanti negli ultimi anni ha messo in evidenza che la presenza dei danni, abusi e violazioni concreti commessi sul terreno dalle transnazionali, avvengono anche quando le imprese “sono in regola” poiché agiscono in maniera conforme al diritto. In questo senso la Rete ha dedicato parte della sua attenzione agli strumenti legali esistenti che permettono alle transnazionali di agire con impunità e commettere abusi all’interno di un quadro di apparente legalità.

È necessario costruire una sintesi che riunisca tutti gli elementi di prova raccolti durante il percorso del TPP e che permetta alle organizzazioni e movimenti sociali che fanno parte dello spazio della Rete Biregionale e oltre, di passare ad un nuovo livello di articolazione globale contro il potere delle transnazionali.

Inoltre, si è visto una volta di più come sia necessario concentrarsi direttamente sul ruolo che sta giocando l’Unione Europea con le sue differenti politiche, strumenti e attori nell’espansione e aumento di potere delle transnazionali, e nel consolidamento del modello di relazione subordinata che esiste verso l’America Latina. Nel punto più alto della gerarchia di questo appoggio ufficiale, si trovano gli Stati europei nel momento in cui permettono che le transnazionali europee violino i diritti delle popolazioni, gruppi o comunità colpite. Gli Stati sono corresponsabili, o quanto meno complici, di buona parte delle violazioni dei diritti umani. Questo è in contrasto con l’impegno internazionale degli Stati nell’ambito dei loro obblighi di protezione e di garanzia del rispetto dei diritti dei settori colpiti, espressi in accordi o trattati internazionali come per esempio il Patto Internazionale per i Diritti Economici, Sociali e Culturali (PIDESC), tra i molti.

Allo stesso modo, il ruolo di molti governi latinoamericani non è stato minore nel permettere, e a volte istigare queste violazioni. Questa volta, dato che il presente TPP sarà realizzato in Europa, si porrà l’attenzione principalmente sui casi che coinvolgono transnazionali e istituzioni ufficiali europee.

Durante le udienze del TPP in Colombia, Nicaragua, Guatemala, Spagna, Glasgow (Regno Unito), Vienna (Austria), L’Aia (Paesi Bassi), Honduras e soprattutto dall’ultima sessione del TPP a Lima (Perù), l’identificazione degli attori coinvolti, strumenti e meccanismi principali ci ha permesso di conoscere le “dimensioni del disastro” generato dalle transnazionali. È stato evidenziato quale sia il funzionamento della logica del saccheggio. A livello di superficie abbiamo svelato le connessioni fluide tra le transnazionali e le elites locali, ma i movimenti sotto la superificie continuano – sotto la logica di guadagnare il maggior profitto nel più breve tempo – causando effetti immediati con danni permanenti che si aggiungono a quelli già realizzati (vedere il quadro di riferimento concettuale per Lima).

Mettere in evidenza la complicità della UE

Le imprese transnazionali antepongono il lucro, il loro obiettivo di crescita e di assicurarsi nuove quote di mercato, al rispetto delle leggi e dei diritti umani. In particolare le transnazionali sono fonti di crimini economici e ambientali in tutto il pianeta, ma dobbiamo considerare che queste stesse imprese che commettono violazioni ai diritti delle persone, sono aiutate, create e sostenute dai governi e dalle istituzioni dei loro paesi di origine - soprattutto del Nord, ma anche del Sud – sotto il principio che l’internazionalizzazione dell’impresa locale porta grandi vantaggi per l’economia del paese di origine.

Questo aiuto si produce in modi molti diversi, ma quello che risulta essere significativo è che fa parte della spina dorsale della geopolitica di queste potenze verso i paesi terzi. Nella nostra prospettiva la politica estera della UE e dei suoi Stati membri gravita attorno agli interessi di espansione delle grandi imprese europee.

La collaborazione dei governi con gli obiettivi di lucro e di espansione delle imprese è tanto intensa che non lascia dubbi perché sia definita come “complicità”. Compliticità che in materia di violazioni dei diritti umani si converte in “responsabilità esterna” e “anticooperazione” non solo dei consigli di amministrazione e degli azionisti delle transnazionali, ma anche dei governi che le aiutano a internazionalizzarsi.

Per questo è necessario riconoscere che i crimini economici e/o ambientali non si producono solo per contatto diretto tra le imprese e le comunità colpite, ma anzi un gran parte si realizza attraverso canali indiretti con la distorsione delle leggi, delle politiche, delle istituzioni a favore delle transnazionali e delle oligarchie locali, e in detrimento dei popoli e dei luoghi in cui vivono.

In altre parole, l’anticooperazione nasce anche dai governi quando, in complicità con le transnazionali, impongono regimi transnazionali che non sono utili al benessere dei popoli. Per questo motivo è necessario che sia sviluppata sia politicamente che giuridicamente la nozione di imputabilità delle istituzioni ufficiali per i suddetti crimini. E, nel nostro caso, i crimini imputabili a una “Unione Europea globalmente irresponsabile”, soprattutto perché si presenta davanti all’opinione pubblica internazionale come garante di sviluppo e di promozione dei diritti umani a livello mondiale.

Risalire alla fonte del problema, concentrandosi sulle politiche, istituzioni e strumenti ufficiali della UE e dei suoi paesi membri che costituiscono detto regime dal lato europeo, ci aiuta a concettualizzare meglio questa complicità. Parliamo di politiche come lo stesso Trattato di Lisbona, la strategia “Europa Globale : competere nel mondo” (CE, 2006), la Strategia di Lisbona 2020, la Politica Agraria Comunitaria (PAC), la Politica Ittica Comunitaria (PIC), il documento di programmazione regionale America Latina 2007-2013 (CE, 2007), la “Raw Materials Initiave” (Iniziativa sulle Materie Prime, COM 2008), gli Accordi di Associazione o Epas (Economic Partnership Agreements), e, sicuramente, la politica di persecuzione nei confronti dei migranti.

La UE sta diventando sempre più aggressiva nella strategia di sostegno ai negoziati di libero commercio sotto il formato di “Accordi di Associazione” con i paesi centroamericani e con la Colombia e il Perù. Questi accordi rafforzano ancora di più le transnazionali europee e continueranno a schiacciare i diritti dei popoli.

Questo significa incentrarsi anche sulle istituzioni europee, cominciando dai governi dei paesi membri (come il governo spagnolo), il Consiglio della UE, la GAERC (General Affaire and External Relation Council) e il Comitato dell’Articolo 133, la Commissione Europea, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

Queste politiche, istituzioni e strumenti della UE agiscono a tutti i livelli, su scala statale, regionale, locale, euro-comunitaria e sovranazionale, interferendo in maniera negativa e sistematica nell’ambito commerciale, finanziario, tecno-produttivo, militare, ambientale, relativo alle migrazioni, diplomatico, e “solidale”. Per esempio, su scala statale possono agire mediante strumenti finanziari occulti come le cosiddette agenzie di credito all’esportazione, responsabili di due terzi del debito estero e della distruzione ambientale in punti distinti dell’America Latina e del Caraibi. Su scala sovranazionale, la politica europea si traduce in pressioni attraverso organismi sovranazionali come il BID (Banca Interamericano per lo Sviluppo) o lo stesso FMI (Fondo Monetario Internazionale), nei quali l’influenza europea compete o coopera con quella statunitense.

Un modello di internazionalizzazione che si propone come paradigma e trascina il resto dei capitali europei è quello spagnolo, la cui influenza è determinante nella configurazione dell’agenda europea per l’America Latina e i Caraibi. Ci sono esempi chiari di questo in nuovi strumenti ufficiali di internazionalizzazione delle imprese spagnole, “fuori dal controllo” cittadino, come il Fondo di Internazionalizzazione delle Imprese (FIEM) o strumenti antichi come il CESCE (Agenzia di credito all’esportazione spagnola) ; nelle ingerenze dirette e indirette delle transnazionali spagnole i cui investimenti superano la somma del resto degli investimenti europei e la cui presenza può essere tanto nefasta come quella della Union Fenosa o della Marsans in Guatemala, Colombia, Nicaragua o Ecuador ; o l’influenza spagnola nell’agenda di politiche come la Politica Ittica Comunitaria (PIC), che minano la sussistenza dei piccoli pescatori delle coste latinoamericane.

Avanzare considerando le violazioni delle imprese come “crimini contro l’umanità”

Abbiamo assistito negli ultimi mesi a importanti segnali che arrivano da altri ambiti - come le Nazioni Uniti e non solo nell’ambito del Progetto Ruggie – su come riempire il vuoto giuridico del quale si approfittano le imprese transnazionali. È evidente che il “doppio gioco” che fanno le transnazionali nell’imporre determinate azioni agli Stati, e nel mettersi sotto la loro protezione quando si sentono minacciate, ha dato loro eccellenti risultati e non siamo riusciti fino ad ora a trovare la maniera di scardinarlo.

Tuttavia, la Rete Biregionale Enlazando Alternativas ha cercato di andare oltre la nozione di Responsabilità Sociale d’Impresa, considerandola insufficiente – dato che si basa su principi di volontarietà, unilateralità e non-esigibilità giuridica – per cercare di considerare e punire i casi che vegono trattati dal TPP, e ha cercato di rispondere alla necessità di costruire un quadro giurdico-normativo che possa considerare le violazioni delle imprese come “crimini contro l’umanità”.

“Crimini contro l’umanità”

La definizione di crimini contro l’umanità o crimini di lesa umanità raccolta nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale comprende le condotte qualificate come assassinio, sterminio, deportazione o sfollamento forzato, detenzione, tortura, violazione, prostituzione forzata, sterilizzazione forzata, persecuzione per motivi politici, religiosi, ideologici, razziali, etnici o altri crimini che siano definiti espressamente come sparizione forzata, sequestro o qualunque atto inumano che causi gravi sofferenze o attenti contro la salute mentale o fisica di chi le soffre, sempre che queste condotte vengano commesse come parte di un attacco generalizzato o sistematico contro una popolazione civile e conscia di detto attacco.

Questa definizione coincide pienamente con la nostra diagnosi su ciò che in pratica stanno facendo le imprese transnazionali europee in America Latina e nei Caraibi con l’appoggio attivo e la complicità delle istituzioni pubbliche europee (e latinoamericane).

I casi segnalati dalla Sessione del Tribunale di Madrid

Tenendo conto del lavoro accumulato negli ultimi 4 anni e la decisione di concentrarsi in questa sessione sul ruolo che sta giocando la UE con le sue differenti politiche, strumenti e attori, nell’espansione e aumento del potere delle transnazionali, per la sessione di Madrid si prenderanno in considerazione sia l’attualizzazione dei casi già presentati in Tribunali precedenti, sia nuovi casi che verranno presentati ora.

Data la necessità di continuare con quello che abbiamo costruito con i Tribunali precedenti, la sessione del TPP di Madrid può essere un’opportunità per presentare le attualizzazioni dei casi già presentati nelle sessioni precedenti. Per questo non è sufficiente solo l’attualizzazione dei dati, ma è fondamentale che i casi mettano in luce nuovi elementi. E nel possibile, elementi che aiutino a evidenziare nuovi effetti o alcuni degli strumenti o attori che mostrino la complicità della UE nell’agire della transnazionale europea presa in considerazione.

È importante che i casi nuovi che vengono presentati considerino l’obiettivo di questa sessione e che quindi portino prove che contribuiscano a sostenere l’argomentazione di complicità della UE, delle sue politiche e delle sue istituzioni, così come il motivo per cui le violazioni delle imprese possono essere considerati “crimini contro l’umanità”.

È per questo che nel TPP di Madrid dovremmo considerare che le transnazionali europee sono accusate di crimini contro l’umanità, e che le istituzioni ufficiali europee sono complici o corresponsabili in questo. Analizzeremo casi in cui confluiscono allo stesso tempo imprese e istituzioni ufficiali, in tutta la loro complessità. Successivamente, dietro la legittimità del TPP e con l’appoggio delle organizzazioni sociali che lo convocano, dovremo divulgarli e denunciare pubblicamente il più possibile affinché la giustizia globale possa imporsi.

Così con il TPP di Madrid si chiude una tappa e se ne apre un’altra. Le prove riunite, l’esperienza di campagne e l’avanzamento concettuale dei differenti Tribunali organizzati tra il maggio del 2006 e il maggio del 2010, sarà la base per proseguire verso nuove articolazioni e campagne che cerchino di smantellare il potere delle transnazionali per proteggere i popoli e il pianeta nel quale viviamo, verso un benessere e una convivenza globale.



 
     
     
     
     
 
Enlazando Alternativas | Red Birregional UE - ALC | 2007
Resolución mínima recomendada: 800 x 600 ppp
Espacio Privado