.: ENLAZANDO ALTERNATIVAS :.

Hoy, 11 de diciembre de 2012, el Parlamento Europeo aprobó en plenario el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia y Perú y el Acuerdo de Asociación (ADA) con Centroamérica, a pesar de las múltiples denuncias por parte de las organizaciones sociales y sindicatos de las dos regiones (América Latina y Europa), que han insistido desde el comienzo de las negociaciones en los efectos perjudiciales que este tipo de acuerdos generan para la población de ambos lados del Atlántico, como se expresa en diferentes comunicados conjuntos y en mensajes enviados al Parlamento Europeo desde 2007 en rechazo a estos acuerdos.

Hoy, más de cuatro años después de iniciadas las negociaciones, es más evidente todavía que el modelo de liberalización económica impulsado por estos tratados genera impactos negativos para la población de las dos regiones.

En Europa, cada día es más fuerte la crisis financiera y de la deuda, las altas tasas de desempleo, la precarización de las condiciones laborales, el incremento de la pobreza y la desigualdad. En América Latina, súmanse a los conocidos impactos de esto mismo modelo neoliberal, el avance del modelo extractivista de bienes naturales, la pérdida y deterioro de los territorios, la degradación ambiental y la pérdida de soberanía alimentaria. Las consecuencias de la implementación de este modelo se profundizan al tiempo que adquieren un carácter vinculante a nivel internacional con estos acuerdos.

Tanto el ADA como el TLC exigen de los gobiernos latinoamericanos la generación de garantías para la inversión europea, ello significa la apertura a la llegada de empresas transnacionales europeas, sin ninguna condición o exigencia que pueda limitar su actuación. Como constató recientemente la misión de solidaridad en Centroamérica, realizada por Amigos de la Tierra Internacional y organizaciones locales aliadas, y que contó con la participación del Transnational Institute (TNI) y el apoyo de la Campaña Global contra el Poder Corporativo y la Impunidad, los efectos socioambientales de los proyectos minero-energéticos son devastadores.

La misión no sólo presenció la destrucción y contaminación del ambiente como también la criminalización y persecución de las comunidades que defienden sus territorios. El Parlamento Europeo está respaldando este tipo de acciones con la aprobación del ADA, que permite a las empresas europeas actuar sin ningún tipo de responsabilidad, con lo que se configura una arquitectura de la impunidad que garantiza derechos a las transnacionales mientras causa la pérdida de derechos de la población, sobretodo de los trabajadores y tabajadoras y de las mujeres en general, el despojo de las comunidades locales afectadas y la degradación ambiental.

En los casos de Colombia y Perú se pueden constatar también las consecuencias negativas de la acción de empresas europeas que violan permanentemente los derechos humanos como parte de sus actividades. Por ejemplo, uno de los principales productos de exportación de estos países a la Unión Europea serán los agrocombustibles, que se generan a partir de extensos monocultivos de caña y palma africana. Estos dos cultivos están asociados al conflicto social armado, al desplazamiento de comunidades campesinas de sus territorios, generando mayores niveles de pobreza, incrementan la población desempleada en la ciudad, al tiempo que perjudican la soberanía alimentaria.

La persecución y criminalización de sindicalistas y líderes sociales que se oponen a proyectos de empresas transnacionales también es frecuente en Colombia y Perú, como lo demuestra el caso de Miguel Ángel Pabon, ambientalista del movimiento Ríos Vivos que se oponía a proyectos de represas en el departamento de Boyacá y fue desaparecido hace un mes. Lejos de evitar este tipo de situaciones, el gobierno colombiano ha ignorado las denuncias y ha permitido la acción de grupos paramilitares. Con la aprobación de estos tratados, el Parlamento Europeo se ha convertido también en cómplice de esta situación.

Lejos de evitar este tipo de situaciones, el Gobierno Colombiano no ha tomado en serio las denuncias de las comunidades afectadas y de las organizaciones locales quienes les acompañan fomentando el aumento de la impunidad y el incremento de las violaciones de derechos humanos. Asimismo, continuando en la negación de la existencia de grupos paramilitares vinculados a megaproyectos y grandes intereses económicos, no se han tomado las medidas necesarias para un desmantelamiento real de estas estructuras que siguen operando con la aquiescencia de sectores del Estado Colombiano.

A pesar de que se afirma que la Cláusula Democrática, así como la Hoja de Ruta presentada por los gobiernos de Colombia y Perú, constituyen herramientas para la defensa de los derechos humanos, se trata de instrumentos sin ningún carácter vinculante, que han demostrado su ineficacia en casos anteriores para la garantía de los derechos humanos. Son instrumentos que se contradicen con el contenido de un tratado que en si mismo conlleva a la violación de los derechos humanos.

Hacemos un llamado a los parlamentos nacionales tanto en Europa como en América Latina a no ratificar estos tratados. Desde nuestras organizaciones continuaremos acompañando a las comunidades en resistencia y buscando la responsabilización de las empresas transnacionales por sus acciones en nuestros países.

Firmantes :

Internacional

Amigos de la Tierra Internacional ; Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe ; Confederacion Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Americas (CSA) ; Jubileo Sur/Americas ; Marcha Mundial de Mujeres ; Movimiento Mundial por los Bosques ; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) ; Seattle to Brussels Network ; Transnational Institute

Américas

Alianza Mexicana por la Autodeterminacion de los Pueblos (AMAP) ; Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento ALEP ; Asociacion Raxch’och’ Oxlaju Aj AROAJ, Guatemala ; COECOCeiba, Amigos de la Tierra Costa Rica ; Colectivo Voces Ecológicas COVEC ; Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE ; CONSEJO CÍVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDÍGENAS DE HONDURAS, COPINH ; Consejo de Investigaciones e Informacion en Desarrollo, Guatemala ; Ecosistemas, Chile ; Ecuador Decide, Ecuador ; Fronteras Comunes, Canadá ; Instituto Equit Brasil ; PAPDA-Haití ; Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres-Ecuador ; Polaris Institute, Canadá ; Red Brasilera pela Integracao dos Povos (REBRIP) ; Red Colombiana de Accion frente al Libre Comercio (RECALCA) ; Red Mexicana de Accion Frente al Libre Comercio (RMALC) ; REDES – AT Uruguay ;

Europa

AITEC, Francia ; Asociación Entrepueblos, Estado español ; ATTAC - Austria ; ATTAC - France ; Comité pour les droits humains en Colombie "Daniel Gillard", Bélgica ; Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan-Ecologistes en Acció, Estado español ; Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. FDCL (Alemania) ; Observatorio de la Deuda en la Globalizacion ; Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad (Estado español) ; Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO) ; Partido de la Refundación Comunista- Izquierda Europea (Italia) ; PowerShift - Verein für eine ökologisch-solidarische Energie- & Weltwirtschaft e.V. ; Solidaridad Suecia America Latina (SAL) ; War on Want-Reino Unido ;

África

Alternative Information & Development Centre ; Economic Justice Network ; SEATINI Zimbabwe ; South Durban Community Environmental Alliance-Durban South Africa.

Más información : lydafernanda@tni.org

Acordos Comerciaos – A receita da União Européia para a impunidade das Transnacionais

Hoje, 11 de dezembro de 2012, o parlamento europeu aprovou em plenário o Tratado de Livre Comercio (TLC) com Colômbia e Peru e o Acordo de Associação (ADA) com América Central, apesar das múltiplas denúncias por parte das organizações sociais e sindicatos das duas regiões (América Latina e Europa), que tem insistido desde o começo das negociações nos efeitos prejudiciais que este tipo de acordos geram para a população em ambos os lados do Atlântico, como se expressa em diferentes comunicados conjuntos e em mensagens enviadas ao Parlamento Europeu desde 2007 em rechaço a estes acordos .

Hoje, mais de quatro anos depois de iniciadas as negociações, é mais evidente todavia que o modelo de liberalização econômica impulsionado por estes tratados gera impactos negativos para a população das duas regiões.

Na Europa, cada dia são mais fortes a crise financeira e da dívida, as taxas de desemprego, a precarização das condições de trabalho, o incremento da pobreza e da desigualdade. Na América Latina, somam-se aos conhecidos impactos deste mesmo modelo neoliberal, o avanço do modelo extrativista de bens naturais, a perda e deterioro dos territórios, a degradação ambiental e a perda de soberania alimentar. As conseqüências da implementação deste modelo se aprofundam ao mesmo tempo em que adquirem um caráter vinculante a nível internacional com estes acordos.

Tanto o ADA como o TLC exigem dos governos latino-americanos a geração de garantias para os investimentos europeus, o que significa a abertura a chegada de empresas transnacionais européias, sem qualquer condição ou exigência que possa restringir sua atuação. Como constatou recentemente a missão de solidariedade na América Central , realizada por Amigos da Terra Internacional com a participação do Instituto Transnacional (TNI) e organizações locais aliadas, os efeitos socioambientais dos projetos mineiro-energéticos são devastadores.

A missão não apenas presenciou a destruição e contaminação do ambiente como também a criminalização e perseguição das comunidades que defendem seus territórios. O Parlamento Europeu está respaldando este tipo de ações com a aprovação do ADA, que permite as empresas europeias atuarem sem nenhum tipo de responsabilidade, com o que se configura a aqruitetura da impunidade que garante direitos as transacionais enquanto causa a perda de direitos da população, sobretudo dos trabalhadores e trabalhadoras e das mulheres de modo geral, o despojo das comunidades locais afetadas e a degradação ambiental.

Nos casos de Colômbia e Peru se podem constatar também as conseqüências negativas da ação de empresas européias que violam permanentemente os direitos humanos como parte de suas atividades. Por exemplo, um dos principais produtos de exportação destes países para a União serão os agrocombustíveis, que se produzem a partir de extensas monoculturas de cana e palma africana. Estes dois cultivos estão associados ao conflito social armado, ao deslocamento forçado de comunidades campesinas de seus territórios, gerando maiores níveis de pobreza, incrementam a população desempregada nas cidades, ao tempo que prejudicam a soberania alimentar.

A perseguição e criminalização de líderes sociais que se opõem a projetos de empresas transnacionais também é freqüente na Colômbia e no Peru, como demonstra o caso de Miguel Ángel Pabon, ambientalista do movimento Rios Vivos que se opunha a projetos de represas no departamento de Boyacá ES está desaparecido há uma mês

Ao invés de evitar esse tipo de situação, o governo colombianos não tem considerado com seriedade as denúncias das comunidades afetadas e das organizações locais que as apoiam, fomentando assim o aumento da impunidade e o incremento das violações de direitos humanos. Além disso, o governo continua negando a existência de grupos paramilitares vinculados a megaprojetos e grandes interesses econômicos, e continua não tomando as medidas necessárias para um desmantelamento real das estruturas que seguem operando com a aquiescência de setores do Estado colombiano.

A pesar de que se afirma que a Cláusula Democrática, assim como a Folha de Rota apresentada pelos governos de Colômbia e Peru, constituem ferramentas para a defesa dos direitos humanos, se trata de instrumentos sem nenhum caráter vinculante, que tem demonstrado sua ineficácia em casos anteriores para a garantia dos direitos humanos. São instrumentos que se contradizem com o conteúdo de um tratado que em si mesmo leva a violação dos direitos humanos.