(GARA) El Tribunal Permanente de los Pueblos, reunido en Lima a mediados de mayo, condenó a veinticuatro transnacionales europeas por « explotación y expoliación » en América Latina. Por lo que respecta a las multinacionales del Estado español, se calcula que invertirán en torno a 130.000 millones al otro lado del Atlántico. En la década anterior por cada euro que invirtieron obtuvieron tres de beneficio.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) señala a una veintena de multinacionales europeas entre las que cometen más abusos en su actividad laboral y económica, a la vez que actúan en contra del medio ambiente en América Latina. El poder que representan genera connivencias con la Administración para explotar a trabajadores y las riquezas naturales de los pueblos.

A mediados de mayo se analizó esa situación en Lima, coincidiendo con la Cumbre Europea y América Latina y el Caribe. En la misma se censuró el papel que juegan esas grandes empresas a la hora de eliminar los derechos de muchos de los pueblos a cambio de obtener mayores incrementos en sus cuentas de resultados y la permisividad con la que actúan los gobiernos, tanto en el origen de las multinacionales como « allí donde nos colonizan ».

Datos recientes constatan que las multinacionales del Estado español tienen en cartera en torno a 130.000 millones de inversión y que en los últimos diez años, esas empresas han triplicado, en el peor de los casos, los beneficios en relación a la inversión que inicialmente realizaron.

« No son accidentes casuales »

El dictamen final del Tribunal Permanente de los Pueblos precisa que « se ha puesto en evidencia que las violaciones que se denuncian no son accidentes casuales, sino indicadoras y expresiones « normales » de cómo las políticas generales y las prácticas concretas de violación de derecho por parte de las empresas transnacionales pueden desarrollarse en condiciones de total permisividad e impunidad de las autoridades públicas responsables, tanto en los países de origen de las mismas como en los países víctimas de las violaciones ».

Las 24 multinacionales europeas señaladas se encuadran en doce sectores productivos. En la minería : Monterrico Metals ; en el área de petróleo : Repsol y Shell ; en el complejo forestal-maderero : Botni ; en el farmaceútico : Boheringer Roche ; en las telecomunicaciones : Telecom ; en la agroalimentación : Camposol, que fue la única empresa que envió un representante para su defensa al tribunal. También están Cermac Maistream, Marine Harvest, Unilever ; siderurgia : Thyssen Krupp Vale do Rio Doce y Skanska ; en el área de la electricidad : Suez y Unión Fenosa ; en los agroquímicos : Bayer, Dow Chemical, Dole, Chiquita Brands ; en la banca e instrumentos financieros : HSBC, BBVA y Grupo Santander ; y en el subsector de las semillas transgénicas, Syngenta.

Algunas de ellas están acusadas en varios apartados y por diferentes situaciones, pero en casi todos los casos analizados « de forma profusa » se demuestra que el poder de las multinacionales « supera el poder político y, cuando menos, cooperan ambas partes en contra de los derechos de los trabajadores, de los pueblos y de la tierra ».

En seis apartados, unas y otras transnacionales han sido acusadas por sus prácticas destructivas. En materia de relaciones laborales, el informe final del Tribunal Permanente de los Pueblos indica que « a través de la precarización y la explotación laboral, la criminalización de la protesta social, caracterizada por represiones violentas que han llegado al extremo de cometer numerosas violaciones al derecho a la vida y la libertad individual, así como la práctica de hacer imputaciones delictivas que van desde el delito de asociación para delinquir hasta el de terrorismo ». Citan la persecución sindical con « despidos injustificados y masivos en Agroalimentaria Camposol, que despidió a 385 trabajadores en diciembre de 2007 y el 80% estaban sindicalizados ». Esa práctica también se extiende al BBVA y Grupo Santander.

En cuanto al medio ambiente, citan los casos de la Minera Majaz,que causó efectos negativos para el Amazonas, o el caso de Thyssen Krupp « como inversión excluyente y contaminante ». También se denuncia la actividad de Syngenta, presentada por Vía Campesina, por « los mecanismos de contaminación masiva, de represión violenta con fuerzas paramilitares y hasta el asesinato de trabajadores ».

Derecho internacional

Francesco Martone fue uno de los miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos que enjuició la actividad de las transnacionales europeas. Es miembro del Centro Lelio Basso y ex senador italiano independiente con los Verdes, entre otros cargos.

« El veredicto final me ha parecido excelente, ya que me permite profundizar en temas de derecho internacional a la vez que acompañar a los movimientos sociales. Ha sido una continuación de lo que contamos en Viena hace dos años y todo el mundo ha trabajado mucho para dotar a los casos de mucha solidez ». A su juicio, « este trabajo debe continuar, ya que estamos planteando una nueva edición en la que juzgar la Deuda Ecológica y la Deuda Histórica ».

Sanción moral y ética

El Tribunal Permanente de los Pueblos resuelve « sancionar moral y éticamente, y denunciar a nivel mundial las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los estados y las instituciones de la Unión Europea bajo la argucia de promover el crecimiento y el desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible ». También denuncia a las multinacionales « con capitales privados y públicos ».

Reclaman ante los organismos internacionales como la ONU, la OIT y los gobiernos de la Unión Europea, América Latina y Caribe, que « se investiguen y sancionen las prácticas de esas grandes empresas que actúan contra los derechos humanos, ambientales y de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas ».

Francesco Martone considera que el dictamen final « debe ser una herramienta para la acción política ». En este sentido, reconoce que « existe un vacío en el derecho internacional en el que los estados y las transnacionales son excluidas de cualquier responsabilidad. El Tribunal Permanente de los Pueblos busca contextualizar esos crímenes aprovechando los movimientos sociales. Identifica la responsabilidad de los estados y también la hipocresía de la Unión Europea ».

Teitelbaum : « La UE es la correa de transmisión »

Alejandro Teitelbaum participó en Lima como perito. Jurista y diplomado en Relaciones Económicas Internacionales en París, fue representante ante las Naciones Unidas. « La UE no es más que la correa de transmisión de las grandes transnacionales europeas, que se agrupan en la UNICE (Unión de Confederaciones Industriales y de Empleadores de Europa), que actúa como lobby influyente y, por otro lado, está la ERT (« mesa redonda de industriales europeos ») que aglutina a las transnacionales más poderosas como Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever, etc ». Según Teitelbaum, « esta última organización trabaja prácticamente en equipo con la Comisión Europea para el desmantelamiento y la privatización paulatina del patrimonio público de cada uno de los estados europeos : energía, transporte, telecomunicaciones, servicios públicos esenciales, etc ». Este prestigioso jurista reconoció en Lima que « no existe una normativa internacional para las transnacionales con lo que son excluidas completamente de los castigos ». En este caso recuerda, su andadura como representante de la ONU. « Participé en 1998 en un intento que hubo de elaborar un marco para posibilitar el proceso de control. Fue un trabajo de la subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, pero el Centro Comercial Internacional expresó que las transnacionales no debían ser sometidas a la ley y recomendaron que no se aprobara », recordó.

Hacer frente a las transnacionales

Martin MANTXO Miembro de Ekologistak Martxan y participante en el foro de Lima

Con ocasión de la cumbre de jefes de estado de ALC-UE (América latina y Caribe-Unión Europea) que tuvo lugar en Lima desde el 15 al 17 de mayo, tuvo lugar en la misma ciudad un Foro de los Pueblos, organizado por una red de movimientos sociales de esos países, Enlazando Alternativas. El Foro tenía como objetivo aglutinar distintas luchas para poner en evidencia el verdadero objetivo de la Cumbre. Pese a las alabanzas a las empresas transnacionales europeas y a los gobiernos que las representan por parte del anfitrión de la Cumbre Alan García, estas han dejado un rastro de crímenes contra la población y el medio ambiente.

Entre las enjuiciadas, algunas actúan impunemente en Perú como la noruega Camposol (la única que se dignó pese a las denuncias en su contra en mandar un representante al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Majaz, Bayer, Repsol YPF o las que financian a otras que tienen gran impacto en este país como es el caso del BBVA y BSCH en el megaproyecto petrolero y gasista de Camisea en la Amazonía, o las minas a cielo abierto de Yanacocha y Antamina -ambas contaminantes del agua de sus respectivas zonas- u otras que además de financiar expolian como el caso del HSBC. Uno de los casos que el TPP de Lima encontró paradigmático de las nuevas formas que encuentran las transnacionales para imponer su agenda fue el de Entel en Bolivia con el involucramiento de las instituciones. Entel era una empresa boliviana de telecomunicaciones privatizada en 1995 y vendida a la italiana Stet (ahora Telecom). El gobierno de Morales (2007) anunció su intención de revisar los términos de aquella privatización. Telecom acudió al tribunal privado del Banco Mundial. El gobierno boliviano a su vez se desligó de ese organismo por su labor partidista a favor de las transnacionales pero dos días antes la secretaria general de esta institución, la ex-ministra española Ana Palacio dio inicio al caso.

En su dictamen final, el Tribunal Permanente de los Pueblos resolvió el « sancionar moral y éticamente, y denunciar a nivel mundial las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la UE, bajo la argucia de promover el crecimiento y desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible ».

Fuente : GARA