En la ciudad de Bogotá se movilizaron familiares de las y los presos políticos y presos comunes, exigiendo condiciones dignas y el respeto a los derechos humanos de más de 1 millón de personas que hoy viven en las cárceles.

Video realizado por : ContagioRadio

El proceso de paz también habla de los presos políticos

Fuente : Colombia Informa

El 18 de abril, familiares y defensores de derechos humanos, acompañados de familiares de presos y comunidades adelantaron una jornada de alerta sobre la grave situación de las cárceles del país y particularmente las reivindicaciones de los detenidos políticos. En Colombia hay 115.780 personas privadas de la libertad en 142 establecimientos carcelarios.

Entre ellas, 8.724 mujeres. El hacinamiento es de más del 52%, lo que quiere decir que en espacios construidos para albergar una o dos personas conviven hasta 6. Son cifras que manejan las asociaciones de familiares de presos y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Según esas asociaciones y organizaciones, además del hacinamiento, hay otros problemas que afectan la vida y la dignidad de quienes están privados de la libertad : la escasa y mala alimentación, un servicio contratado por el Estado con entidades privadas, que priorizan la ganancia por sobre el bienestar del detenido ; la deficiente y crítica atención a la salud, que se refleja en la muerte de 500 internos en los últimos 5 años, servicio también prestado por terceros privados, y la no existencia de la resocialización, dados los limitados recursos para programas de educación y capacitación laboral. Los sindicados, personas a las que no se les ha juzgado sobre el posible delito del que se les acusa, suman actualmente 35.338. De ellos, 1.684 hace más de 36 meses están esperando la definición de su situación jurídica. Esto, más el hecho de que en su mayoría estos detenidos no están en espacios separados de los ya condenados, como estipula la ley, es una violación al debido proceso y a las garantías constitucionales de estos ciudadanos.

Los presos políticos

Las definiciones frente al destino de las personas detenidas políticas son un asunto que se realza en los diálogos de la insurgencia con el gobierno nacional y el posible fin del conflicto armado en Colombia. Según Agustín Jiménez, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp), entrevistado por Sergio de Castro Ramírez, en la publicación Rebelión, en el año 2009 existían en Colombia 7.000 presos políticos. A la vez, el Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad con Colombia, de Canadá (Pasc), en un publicación de enero de 2012 encabeza un informe sobre el tema de la siguiente manera : « Hay al menos 7.500 presos políticos en Colombia, otro triste ‘récord’ de un Estado cuyo nivel de represión y exterminio de la oposición rebasa incluso el de las dictaduras asumidas como tal ». El profesor Miguel Ángel Beltrán, ex-preso político, cuestiona, en un artículo publicado en la página del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo de marzo de 2012, la posición de los gobiernos en Colombia de negar sistemáticamente la existencia de presos políticos o presos de conciencia. Sobre todo, señala Beltrán, a partir del gobierno del presidente Turbay Ayala (1978-1982), quien negó a la opinión nacional e internacional que hubiera en el país presos de conciencia, ante un informe de Amnistía Internacional que señalaba la violación grave de derechos humanos en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos reconoce que en Colombia se vive un conflicto armado pero no reconoce el carácter político de los combatientes que se enfrentan al Estado. En ese sentido, Celestino Barrera, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp), plantea que no solamente no se reconoce el carácter político de los combatientes, sino que además, las reformas legislativas encabezadas por este gobierno, como la Ley de Convivencia Ciudadana, profundiza el desconocimiento del carácter político del conflicto y reduce toda la acción de la protesta ciudadana a delitos comunes, como el de obstruir la libre circulación o el daño en bien privado, es decir, dice él, se criminaliza la protesta ciudadana. En ese mismo sentido, Barrera indica que para la Fcspp, las personas presas políticas existen y de ella no sólo hacen parte los combatientes sino además quienes son detenidos en las protestas sociales, los detenidos en zonas de conflicto que no son parte de ningún grupo insurgente, personas defensoras de derechos humanos a las que las autoridades han hecho montajes jurídicos y los sindicalistas que también resultan penalizados en su lucha legitima, como el caso de los 140 trabajadores petroleros de los departamentos de Meta y Casanare, a quienes la Justicia está acusando de terrorismo.

La Ley Marco para la paz

Esta Ley fue aprobada por el Congreso de la República y por el Ejecutivo, en cabeza del presidente de la República, mediante el acto legislativo 1 de 2012, por el cual se crean dos artículos transitorios a la Constitución Política. El artículo transitorio 66 dice : « Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos ; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una Ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo ». Por su parte, el artículo transitorio 67 señala : « Una Ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos ». Las partes que intervienen en los diálogos de la Habana han reconocido esta Ley Marco, mientras que se han suscitado críticas a la misma desde distintas orillas de la sociedad. Al respecto, el pasado 17 de abril, en debate promovido en la Universidad Javeriana por esta institución y por la Silla Vacía, « un medio informativo e interactivo para las personas interesadas en la actualidad política colombiana », sobre la posible participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, en la política nacional. Antonio Navarro Wolf, ex guerrillero del M19, constituyente del 91, ex paralamentario, ex gobernador del departamento de Nariño y ex secretario de gobierno de Bogotá, argumentó a favor de esta posibilidad. En contra lo hizo José Félix Lafaurie, uribista, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, Fedegan, gremio señalado en diversos escenarios de apoyar al paramilitarismo y recientemente destacado por negarse a participar en el Foro por la reforma Agraria con Enfoque Territorial, organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional a petición de la mesa de diálogos por la paz de Colombia en la Habana. Navarro Wolf fundamentó su apoyo centrado en el costo tan alto en vidas humanas y económicos de continuar la guerra para buscar la derrota militar de las Farc : « nos ahorraremos cada año 1.200 bajas de la Fuerza Pública, otros tantos civiles muertos por efecto del conflicto, 600 amputados por minas antipersonales, al menos 50 mil desplazados y daños recurrentes en nuestra infraestructura cada año por los próximos 10 años cuando menos ». Y añadió : « Para no hablar de un gasto en defensa y seguridad que llega casi al 7% del PIB, el más alto de América Latina hoy ». Lafaurie, explicó su negativa tomando como eje de su argumento el señalamiento de delincuentes comunes para quienes integran las Farc. Indicó que darles derechos políticos significaría violar los principios de la democracia liberal : igualdad, libertad y soberanía de la Ley : « El otorgamiento de participación política sin reparos a los guerrilleros de las Farc implica el indulto previo para quienes cometieron delitos tipificados en nuestro sistema de justicia y en los sistemas internacionales a los que nos hemos sumado. En consecuencia, con base en el principio de igualdad ante la Ley, el país se vería abocado a declarar una decisión de punto final a todos los casos de falsos positivos que, aunque ilegales, claramente se produjeron como resultado de la lucha de la Fuerza Pública contra las Farc. Aunque suene algo macabro, ¿qué diferencia tiene un asesinato de otro ? ¿Si se indulta el uno por qué no se indulta el otro ? ». Hay otras opiniones que igual ven en la Ley Marco una mayor impunidad. Según la Fcspp, esta ley « profundiza la impunidad y niega el derecho de las víctimas, igual pasa con la ampliación del fuero penal militar, con la ley de víctimas, la ley de Seguridad Ciudadana, que le da más facultades a la Policía para que siga violentando los derechos de las personas y con la ley de tierras. Todo un paquete jurídico que garantiza la impunidad ». El Ejército de Liberación Nacional, otra de las guerrillas de Colombia, tampoco comparte este marco jurídico para la paz. Según noticia difundida por el diario El Espectador del 24 de septiembre de 2012, esta agrupación considera que la ley en mención « abre la puerta a la impunidad de crímenes cometidos contra el pueblo por políticos, militares, policías y paramilitares ; y no reconoce plenamente la realidad del delito político y del derecho internacional » ; considera además que es « un escollo grave mantener una legislación represiva que no sólo va acompasada con operaciones militares y paramilitares contra la población y las zonas de presencia guerrillera, sino que se aplica contra quienes se movilizan a favor de propuestas sociales y políticas ».

Peticiones al Gobierno

La jornada programada por los familiares y organizaciones relacionadas con la situación de los detenidos en las cárceles, además de visibilizar la crisis carcelaria, hizo una petición formal al gobierno y en especial al Ministerio de Justicia. El documento presentado a la ministra Ruth Stella Correa, como Derecho de Petición, sustenta la existencia de 13 aspectos fundamentales para garantizar el respeto a la vida y la dignidad humana de los presos. Esos aspectos tienen que ver con exigir garantías para la protesta social, revisar y transformar la política criminal, implementando entre otras una política de prevención del delito ; garantizar el respeto a los derechos humanos dentro de las cárceles, investigando y sancionando a los responsables de la violación de estos derechos ; garantizar la participación de las personas recluidas en la superación de la crisis carcelaria ; prestar servicios sin tercerización ni privatización ; dar preferencia a las mujeres cabeza de hogar para la detención domiciliaria ; hacer una adecuada clasificación de los detenidos ; garantizar la relación de las personas privadas de la libertad con sus familias ; brindar un sistema de salud adecuado y preventivo ; garantizar la redención de penas a todos los reclusos y acabar con la extradición de colombianos.