En una reunión mantenida la semana pasada en Lima, la capital de Perú, los diputados de Izquierda de la Asamblea birregional Eurolatinoamericana (EUROLAT) exhortaron al gobierno peruano a brindar “todas las garantías” necesarias para que se pueda desarrollar la tercera edición del encuentro Enlazando Alternativas (EA3), paralelo a la cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea –América Latina y Caribe (UE – ALC).

Los diputados izquierdistas manifestaron su rechazo a la “criminalización de la protesta social y los ataques a los derechos de los trabajadores”, así como también a las restricciones a la “libertad de expresión y de expresión política”.

Las actividades de EA3 tendrán lugar entre el 13 y el 16 de mayo en Lima, y los grupos locales que participan en la organización han denunciado que el Poder Ejecutivo, comandado por el derechista Alan García, ha intentando boicotear su realización.

Además de los problemas locativos, que tras varias idas y venidas se solucionaron apenas unos días atrás, la polémica que ahora se instaló está relacionada con la convocatoria pacífica en la calles de Lima para el cierre de EA3, en el que ya confirmaron su participación decenas de organizaciones sociales de todo el mundo.

En declaraciones al diario local La República, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, dijo que los organizadores de ese acto de cierre “no han presentado una solicitud formal” para llevarlo a cabo, y para ser aún más claro enfatizó : “Para la movilización ellos tienen que pedir una autorización, nadie puede salir a las calles porque quiere”.

El titular del Interior recordó, como por si acaso, que la Policía Nacional recibió la orden de “resguardar las instalaciones” de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde se llevarán a cabo las actividades de EA3.

Alva Castro agregó que es necesario evitar “cualquier acto de violencia o infiltraciones” que alteren el “buen desempeño del encuentro” ; y que “se está trabajando” para “proteger el local” que fue cedido a las organizaciones por las autoridades peruanas.

Algunas horas antes de esas polémicas declaraciones del jerarca, los principales referentes de las actividades paralelas habían expresado públicamente que esperaban la participación de unas 20 mil personas en esa marcha final.

Los dichos del ministro del Interior terminan de confirmar las recientes denuncias de los movimientos sociales peruanos, que advierten sobre un creciente proceso de criminalización y persecución de dirigentes opositores al gobierno de García.