Camposol fue escuchado en Tribunal

Denuncia a la empresa agroexportadora fue por sus prácticas antisindicales. También testificaron deudos de Tauccamarca.

Dario La Primera

Pensó que no iba a ser escuchado, pero al final pudo dar su versión. El subgerente de Recursos Humanos de Camposol, José Donaldo Torres, tuvo la oportunidad de hablar ante el Tribunal de los Pueblos al igual que los trabajadores que denunciaron a la empresa agroexportadora de prácticas antisindicales.

Torres pidió la palabra al relator de la corte y su solicitud fue aceptada a pesar de las pifias del auditorio del Teatro de la UNI, en donde sesiona este tribunal no vinculante como parte de las actividades de la Cumbre de los Pueblos.

CONTRAPUNTO

El representante de Camposol pudo hablar entre diez y doce minutos a golpe de 10 y 40 de la mañana, luego de que la dirigente Rosa Parihuachi señalara que al amparo de la Ley de Promoción Agraria la empresa vulnera los derechos laborales de tres mil trabajadores y acusa de subversivos a los que pretenden sindicalizarse.

En respuesta, Torres señaló que la compañía cuenta con tres sindicatos con los que mantiene trato directo de negociación para recoger sus reclamos.

Al respecto, Parihuachi aseguró que la mayor prueba de que la empresa no cumple es que se niega a la reposición de 380 trabajadores sindicalizados. Pero la empresa replica que ya repuso a ochenta.

"Los miembros del Tribunal demostraron que son personas que saben escuchar. Pensé que no lo harían, por eso traje por escrito los descargos de la empresa", dijo Torres.

El hombre fue abucheado tantas veces que el Tribunal debió pedir tolerancia a la audiencia.

Camposol cuenta con capitales noruegos y el año pasado fue protagonista de varios enfrentamientos con trabajadores que denuncian que la compañía contrató a delincuentes para contrarrestar las movilizaciones que han dejado como saldo varios heridos.

POR LOS NIÑOS MUERTOS

En su segunda sesión, el Tribunal también escuchó a los familiares de 24 niños de la comunidad cusqueña de Tauccamarca que murieron en 1999 luego de consumir desayunos escolares contaminados por un plaguicida producido por la empresa alemana Bayer.

"Queremos que por fin llegue la justicia para nosotros", señaló el presidente de la comunidad de Tauccamarca, Mario Flores, quien perdió a su pequeño Eliazar, de 9 años.

El dirigente campesino y Victoriano Huaraya Torres, vocero de las víctimas, expresaron que desde el 2002 el Congreso posterga la discusión del caso a pesar de que, según ellos, están probadas tanto la responsabilidad de la empresa como la de los funcionarios del Estado.

Luis Gomero Osorio, representante de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, señaló que el uso comercial del plaguicida conocido como parathion estaba restringido ; sin embargo, la empresa continuó su comercialización y las autoridades tampoco se encargaron de fiscalizar a Bayer.

Hace dos años el caso fue llevado ante el Poder Judicial, pero sospechosamente el Ministerio de Agricultura reclamó que también se incluya como presunto responsable al único profesor del colegio donde estudiaban los pequeños, señalaron los denunciantes.

Como sea, hasta este momento el caso no cuenta con un fallo de los juzgados ordinarios. Por eso las víctimas esperan que el Tribunal de los Pueblos les ayude a encontrar esa sentencia postergada.

Mañana la corte dará su veredicto sobre este caso y los de otras 19 empresas demandadas.

CLAVES

Enjaulado. El secretario general de la CGTP, Mario Huamán, dijo que el verdadero caos lo ocasionan las autoridades que organizan la V Cumbre ALC-UE porque han enrejado la ciudad de Lima como si fuera el Parque de las Leyendas.

Ataque. Por su parte el premier Jorge del Castillo trató de desacreditar a los participantes de la Cumbre de los Pueblos señalando que estos no representan a nadie.

Perú : empresas europeas ante "Tribunal de los Pueblos"

Veinte corporaciones europeas son enjuiciadas por violación de derechos humanos ante un tribunal de ética en el marco de la "Cumbre de los Pueblos : Enlazando Alternativas III" que se inauguró este martes en Lima. Los organizadores anunciaron que esperan llevar los casos a estrados ordinarios.

"La existencia de este tribunal es una reafirmación de los derechos humanos, y en esta oportunidad lo que buscamos es poner énfasis en que el crecimiento económico muchas veces llega a los países con la vulneración de derechos", dijo a IPS el médico italiano Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal de los Pueblos.

Esta instancia creada en 1979 en Italia, cuyos dictámenes no son vinculantes, inauguró sus sesiones en la tarde de este martes en Lima en forma paralela a las reuniones preliminares de la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se celebrará hasta el 17 de mayo en la capital peruana.

Los miembros del tribunal anunciaron que se someterá a juicio a 20 empresas trasnacionales —mineras, petroleras, eléctricas y bancarias—, que operan en América Latina sin respetar los derechos de la población y sin una fiscalización efectiva de los Estados.

Esta es la segunda oportunidad en que se juzga a compañías de capitales europeos y la sesión trigésimo sexta del tribunal en sus casi 30 años de existencia, según Tognoni.

Las empresas en el banquillo provienen de 10 países europeos que operan en Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Chile y Colombia.

Sólo una de ellas tiene su sede en América Latina : la minera brasileña privatizada Vale do Rio Doce. También se tocará el caso de Irlanda como país afectado por la explotación de petróleo de la anglo-holandesa Shell.

Pero lo particular de este proceso, señaló el coordinador de la comisión organizadora de la Cumbre de los Pueblos, Miguel Palacín, es que se espera llevar a la justicia peruana los casos de empresas que violan derechos en este país.

"Si los miembros de este tribunal reafirman que se afectaron los derechos de las comunidades, llevaremos los casos a los juzgados ordinarios. Por lo menos en el caso de Perú", dijo Palacín a IPS.

Perú ha presentado tres casos ante el tribunal : el de la minera Monterrico Metals, que tiene acciones en la explotación de cobre de Río Blanco en la región norteña de Piura, el de la agroalimentaria Camposol, perteneciente a la noruega Dyer Coriat, por despedir trabajadores sindicalizados, y el de la compañía de agroquímicos Bayer, de Alemania.

En su sesión inaugural, el Tribunal de los Pueblos se dedicó a escuchar el testimonio de víctimas y afectados.

Además, de Monterrico Metals, este martes se oyeron los casos contra la petrolera española Repsol-YPF por sus actividades en Argentina, Bolivia y Ecuador, y contra Shell por la extracción de petróleo en Brasil y también en Argentina.

La jornada culminó con el caso del complejo forestal papelero de la empresa finlandesa Botnia en Uruguay, acusada de aplicar un modelo productivo basado en grandes extensiones de monocultivos que están generando graves impactos sociales, económicos y ambientales en ese país, según los denunciantes.

En nombre de los afectados por el proyecto Río Blanco, el primero en dar su testimonio fue el presidente de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión.

"Hemos venido a denunciar la invasión de la empresa Monterrico Metals de los terrenos comunales y el constante atropello a nuestros derechos fundamentales como el de vivir en un ambiente sano y sin represiones", dijo Carrión a IPS.

El dirigente es uno de los representantes de los campesinos denunciados por terrorismo debido a su oposición a la actividad minera. La denuncia fue formulada contra 35 líderes ambientales sin más sustento que fotocopias de noticias, por una asociación que apoya las actividades de Monterrico y del consorcio chino Zijin, que posee la mayor parte del capital accionario.

Los campesinos temen que las operaciones dañen las fuentes de agua y la biodiversidad de la zona, pero además denuncian que la empresa carece de autorización de las asambleas de las comunidades y del voto de dos tercios de los campesinos como exige la Ley de Promoción de la Inversión Privada.

El conflicto ha dejado dos muertos, varios heridos y más de 200 procesos penales contra campesinos que intervinieron en las protestas, según la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz.

Durante la exploración, la empresa lanzó efluentes ácidos con metales pesados y otros contaminantes a vertederos sin la impermeabilización necesaria, según el gubernamental Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

Sebastián Valdomir de la organización no gubernamental Redes - Amigos de la Tierra de Uruguay habló como representante de las instituciones que acompañan a la población afectada por la empresa Botnia, que supera las dos mil personas, según dijo.

"Las empresas trasnacionales de la celulosa como Botnia, Stora Enso y la española ENCE son responsables de la violación de derechos ambientales y al agua porque estas compañías consumen irracionalmente recursos naturales de las poblaciones dedicadas a la agricultura familiar", dijo Valdomir a IPS.

Tognoni destacó la probidad de los miembros del tribunal. Se trata de unos 80 especialistas, entre abogados, sociólogos, economistas y otros profesionales que se identifican con la defensa de los derechos humanos.

El tribunal emitirá sus sentencias este viernes 16 en la clausura de la Cumbre de los Pueblos.

A lo largo de las sesiones se tocarán otros seis ejes temáticos : Nuevo Constitucionalismo y Privatización de la Justicia, Privatización de los Servicios Públicos, Infraestructura, Precarización y Explotación Laboral, Sistema Financiero y Crímenes Económicos, Criminalización de la Resistencia y Uso de la Fuerza.

Otras compañías que serán juzgadas son los bancos BBVA, HSBC y Santander, la empresa española de energía Unión Fenosa, y las de telecomunicaciones Telecom Italia y Telefónica.

Los organizadores de la Cumbre de los Pueblos destacaron el carácter moral del tribunal. "Lo que se acuerde en esta corte será un llamado para los Estados, para que respeten los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables", dijo a IPS Palacín.

Participan del foro alternativo, que cuestiona el neoliberalismo, 30 instituciones peruanas y otras 50 extranjeras, entre movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos.

Fuente : La Jornada (México)

Contra las transnacionales

Por Carlos Noriega

Desde Lima

El Tribunal de los Pueblos, que sesiona como parte de las actividades de la Cumbre de los Pueblos, alternativa a la V Cumbre de Presidentes de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, presentará hoy su veredicto luego del juicio simbólico seguido esta semana contra veinte transnacionales europeas, acusadas de violar los derechos humanos, prácticas antisindicales, atentar contra los pueblos indígenas y la salud de diversas poblaciones y producir contaminación ambiental. El veredicto será entregado a los gobiernos de origen de estas empresas y a los gobiernos donde operan, con la exigencia de que actúen para terminar con las prácticas ilegales de estas multinacionales. El fallo también alcanzará a las ONG, para que ejerzan presión sobre estas empresas. Entre los casos presentados ante este tribunal figuran cuatro vinculados con Argentina : Botnia, Repsol-YPF, Shell y Skanska.

Ante el Tribunal de los Pueblos se señaló que el funcionamiento de la papelera finlandesa Botnia en Uruguay ha producido una serie de impactos negativos en materia económica, ambiental y social, que afectan tanto a Uruguay como a la Argentina. Se asegura que ya se han podido constatar impactos negativos en el abastecimiento de agua para los pequeños productores de alimentos y sobre el ecosistema de la zona por la erosión de los suelos, lo que, se dijo, afecta tanto a Uruguay como a la Argentina. Asimismo, se denunció que en sus plantaciones Botnia hace un uso extensivo de agrotóxicos, con graves consecuencias sobre el medio ambiente y en sus trabajadores. En los alegatos contra la empresa finlandesa se dijo que la construcción de esta papelera “afecta la soberanía política y alimentaria de Uruguay”. La empresa también fue acusada de dar empleo precario y en malas condiciones en sus plantaciones.

La multinacional española Repsol-YPF fue acusada de atentar contra las comunidades mapuches que viven en Loma de la Lata, en Neuquén, donde se encuentra el mayor campo petrolero de Repsol-YPF en Argentina. Los testimonios dados ante el Tribunal de los Pueblos denunciaron que las operaciones de la petrolera española han producido serios daños ecológicos, ocasionando la extinción de plantas medicinales y la desaparición de especies autóctonas, como los guanacos y choiques. También fue acusada de reducir las áreas de pastoreo que usan las comunidades mapuches. Entre los cargos hechos contra esta transnacional estuvo el de haber contaminado en 1995 la comunidad mapuche Paynemil con condensados de gasolina, lo que ha producido una intoxicación crónica entre la población, que sufre de vértigo, debilidad, dolores de cabeza y de las extremidades, dermatitis, insomnios, fatiga, abortos, entre otros males. Durante las sesiones del tribunal, se señaló que la empresa española “afecta la soberanía energética de Argentina”. Repsol-YPF también fue procesada por sus actividades en Bolivia y Ecuador, países en los cuales está acusada de producir daños ambientales, reducir las fuentes de agua, tala de bosques sin reforestar, afectar áreas naturales protegidas, malas prácticas laborales, incumplir los niveles de inversión a los que se comprometió, evadir el pago de impuestos y discriminar a los trabajadores de las poblaciones autóctonas de las zonas donde opera.

La petrolera anglo-holandesa Shell fue denunciada por violar los derechos laborales y contaminar el medio ambiente en sus operaciones en Argentina. Se cuestionó su política de fijación de precios y fue responsabilizada por las consecuencias de un derrame de hidrocarburos en 1999 y por los efectos que la contaminación ocasionada por sus operaciones produce entre los habitantes de Dock Sud.

La actividad de Shell en Brasil también fue puesta en el banquillo de los acusados. Se la acusó por no haber cumplido con una solicitud del Gobierno para eliminar el depósito de químicos que la empresa tiene en sus instalaciones y por su desinterés por atender a sus trabajadores y a las poblaciones afectadas por las altas concentraciones de químicos y metales pesados.

Con el fallo que emitirá el Tribunal de los Pueblos hoy contra veinte transnacionales europeas se cierran las actividades de la Cumbre de los Pueblos, que ayer entregaron a las delegaciones oficiales que asisten a la V Cumbre América Latina, el Caribe, Unión Europea un documento con una propuesta alternativa de desarrollo que, entre otras cosas, defiende la nacionalización de los recursos naturales.