(Diario La Primera) La empresa trasnacional Bayer, la agroindustrial Camposol, La minera Majaz, y el Banco HSBC serán acusadas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), instancia moral y que tendrá lugar en Lima durante la cumbre de la sociedad civil "Enlazando Alternativas", por malas prácticas empresariales, las que en muchos casos atentan contra los derechos humanos de los trabajadores en América Latina

De esta manera, la Red Biregional Europa-América Latina y el Caribe “Enlazando Alternativas”, junto a una serie de organizaciones sociales, pondrá este tema en agenda durante esta cumbre, que se realizará en paralelo a la 5 ª Cumbre UE-ALC de Jefes de Estado.

Bayer es acusada por el caso de la muerte de 44 niños de la comunidad de Taucamarca, en Cusco, quienes consumieron un desayuno contaminado por el plaguicida Parathion en 1999, que Bayer importó al Perú para comercializarlo específicamente a cultivos andinos de pequeños y medianos agricultores. Este plaguicida había sido prohibido en 1998.

Por su parte, la agroindustrial Camposol, de la empresa Dyer Coriat, está acusada de vulnerar los derechos laborales de cientos de peruanos. Luego de la desregulación laboral, por parte del gobierno peruano, a través de la ley de Promoción Agraria, la agroindustrial Camposol emprendió un régimen de represión a los trabajadores interesados en formar un sindicato.

Luego de una ardua lucha que terminó con el secuestro de cuatro trabajadores, se pudo formar el sindicato. No obstante, en el 2007, la gerencia de Camposol despidió a 385 trabajadores. El 80% de los despedidos estaba afiliado al sindicato.

Es objetivo del Tribunal Permanente de los Pueblos juzgar desde la fuerza de los testimonios, de sus víctimas, a las empresas, instituciones y cualquier grupo de interés involucrado en el fomento de los derechos de los pueblos.

No respetan los derechos de los pueblos El caso de la minera Majaz tal vez es el más emblemático y conocido que será juzgado por el Tribunal Permanente de los Pueblos. Majaz no respetó el derecho a la consulta de las comunidades donde opera y obtuvo su licencia con documentación incompleta, opera ilegalmente en el territorio de las comunidades afectadas por su actividad.

En su fase de explotación contaminaría varias cuencas hidrográficas y perjudicará la actividad agropecuaria en cuatro provincias del país, la salud de miles de pobladores y sus principales fuentes de ingreso.

Además, podría producirse un proceso de desertificación de la región por necesidad de grandes cantidades de agua para la explotación minera y habría un alto riesgo de destrucción e impacto irreversible del páramo y el bosque de neblina.

Por su parte, el Grupo HSBC utilizó información privilegiada para beneficiarse del proceso de canje de deuda por privatización en los años noventa. Para ello, constituyó junto a otros dos bancos una empresa llamada Peru Privatization Fund, que compró papeles de deuda peruana en el mercado secundario, sabiendo que serían reconocidos a un valor mucho mayor.