El comité organizador de la Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas IV” exige al Gobierno de Ulises Ruiz el cese a los ataques por parte de paramilitares en la región de la etnia Triqui, así como el cese al financiamiento, armamento e impunidad de la que gozan los grupos paramilitares en el Estado de Oaxaca y que se detenga de inmediato la represión que sufre el municipio autónomo de San Juan de Copala. También se demanda la presentación inmediata de otros seis compañeros desaparecidos.

COMUNICADO DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS ENLAZANDO ALTERNATIVAS 4

“La activista, Beatriz A. Cariño, miembro de CACTUS-AMAP-REMA-RMALC y de Jubileo Sur Americas, y el observador internacional finlandés, Yiri Antero Jakala, han sido asesinados durante una emboscada presuntamente perpetrada por dos grupos paramilitares cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a la Comunidad Autónoma Triqui en el municipio de San Juan Copala, en el estado mexicano de Oaxaca.

Los supuestos responsables de estos hechos criminales son los miembros integrantes de la organización paramilitar denominada UBISORT – Unión de Bienestar Social de la Región Triqui – y el MULT – Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-. Al igual que se culpa a Evencio Nicolás Martínez, Procurador General de Justicia ; a Jorge Franco Vargas, Secretario de Gobierno del Estado ; a Carlos Martínez candidato para la diputación local por el PRI y al Gobernador del Estado, Ulises Ruiz.

Desde las organizaciones civiles que denuncian el ataque, explican que esta agresión armada es producto de las condiciones de violencia institucional e impunidad de la que gozan los grupos paramilitares en esta región de Oaxaca. Violencia institucional dirigida a las diferentes expresiones de la lucha social y, específicamente, contra la construcción de procesos autónomos.

Esta agresión se da en el contexto de las circunstancias de aislamiento y estado de sitio que se vive en el municipio de San Juan Copala (México), donde, desde el mes de enero, la comunidad de habitantes no tiene acceso a los servicios básicos como luz eléctrica, agua potable y atención sanitaria. Los niños se encuentran sin clases y se vive un permanente acoso paramilitar debido a un retén que se encuentra en el lugar.

Desde el comité organizador de la Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas IV”, se exige al Gobierno de Ulises Ruiz el cese a los ataques por parte de paramilitares en la región Triqui – denominada así porque es una zona habitada por la etnia indígena Triqui –, así como el cese al financiamiento, armamento e impunidad de la que gozan estos grupos paramilitares en el Estado de Oaxaca y que se detenga de inmediato la represión que sufre el municipio autónomo de San Juan de Copala en México. También se demanda la presentación inmediata de otros compañeros desaparecidos, integrantes de VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad):Noe Bautista Jiménez, David Venegas Reyes y Daniel Arellano Chávez.

El comité organizador de la Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas IV” se une a los reclamos y las demandas contra el ataque en el que murieron la compañera Beatriz A. Cariño, miembro de CACTUS-AMAP-REMA-RMALC y de Jubileo Sur Americas, y el compañero finlandés, Yiri Antero Jakala, para solidarizarnos con sus familias y amigos”.

Ampliamos a continuación el comunicado de Enlazando Alternativas con la información recopilada por el medio alternativo www.arrobajuarez.com en las últimas horas :

La muerte de dos activistas y seis personas desaparecidas, entre las que se encuentran dos periodistas de la revista Contralinea, ha sido confirmada por organizaciones participantes de la caravana humanitaria que fuera emboscada la tarde del pasado martes.

Comandos paramilitares -presumiblemente pertenecientes a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), adherentes al Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, atacaron la caravana cuando se dirigía a una comunidad oaxaqueña del municipio autónomo de San Juan Copala – “sitiado” desde hace dos semanas por elementos de esa misma organización.

El saldo de heridos es aun indeterminado, pues algunos reportes, todos extraoficiales, señalan un herido y otros le cifran por encima de la decena. Las víctimas mortales fueron identificadas como Alberta Beatriz Cariño Trujillo, mexicana, y Tyri Antero Jaakkola, activista de nacionalidad finlandesa. Entre los desparecidos se encuentran los reporteros Erica Ramírez y David Silva García– que de acuerdo a reporte de última hora de Contralinea estarían con vida ; Noé Bautista Jiménez y David Venegas Reyes, activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y Martin Sautan, un observador alemán.

La caravana, compuesta -entre activistas de los derechos humanos y sociales, observadores extranjeros (Bélgica, Italia, Alemania, Finlandia) y periodistas- de 25 personas, se dirigía a la comunidad destino para entregar alimentos, ropa y cobijas a sus habitantes al momento en que se perpetro el atentado.

Gabriela Jiménez Rodríguez, sobreviviente del ataque, ha mencionado a los medios de información que el grupo de visitantes fue atacado al las 14:50 horas del pasado martes en las inmediaciones del paraje Los Pinos, a 10 kilómetros de La Sabana, pueblo cercano a San Juan Copala, por unos 40 individuos encapuchados y provistos de armas largas, cuando “al salir de una curva encontramos bloqueado el camino con piedras”.

“Los paramilitares empezaron a dispararnos. Como pudimos, algunos nos bajamos para correr al monte…dos compañeros fueron alcanzados por las balas y ahí quedaron… recibieron disparos… en la cabeza”, aseguró Jiménez Rodríguez, concejal de la APPO.

La Ubisort, a manera de deslinde de los hechos, atribuyó el acribillamineto a un “autoatentado” : “los MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) buscaron la manera de ser mártires para llamar la atención de la sociedad ; ellos matan y nos culpan a nosotros”.

El gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, rechazó cualquier responsabilidad de su gobierno en el ataque, mencionando que fue “un enfrentamiento”, e indicó que la procuraduría estatal tiene la indicación de “detener a quien tenga que detener, [y de] ir a fondo en las investigaciones para saber qué sucedió realmente”.

“No sabemos quiénes son realmente ; sabemos que hay extranjeros (pero) no sé si sean turistas, si vengan de paseo o si vengan a hacer un trabajo de activismo ;…qué tipo de calidad migratoria tienen…están participando de forma muy rara en un evento donde se registró un enfrentamiento… Se me hace muy raro, no están acreditados, no sabemos a qué iban extranjeros a una comunidad donde hay problemas”, dijo el jefe del Ejecutivo estatal oaxaqueño, que se abocó a cuestionar a los agredidos más que al atentado en sí, en declaraciones posteriores a que fuera responsabilizado de la muerte de los activistas, de los heridos y el paradero de los desaparecidos por el dirigente magisterial de la sección 22, Azael Santiago Chepe.

Ante la gravedad de los hechos y de la ausencia de un parte oficial de los mismos, pues el grupo paramilitar sólo ha permitido el acceso limitado a la zona, diversas organizaciones internacionales y nacionales han condenado el acto criminal y exigen la intervención de las autoridades federal en la investigación, pues “las autoridades de Oaxaca, por varios años, han sido renuentes a indagar violaciones graves a los derechos humanos en el estado”, según declaró Guadalupe Marengo, directora adjunta de AI para las América.

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el “clima de violencia que ha prevalecido en la zona triqui de Oaxaca, así como la proliferación de grupos civiles armados en la región, que operan sin control alguno de las autoridades estatales”, y porque el ataque armado “haya impactado negativamente en periodistas y activistas, coartando el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información”.

También la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, desde Barcelona, España, denunció que la violencia en la zona ha provocado durante años “un sinfín de asesinatos nunca investigados ni sancionados que ha permitido la acción de los grupos paramilitares con total impunidad”, contexto en el cual se dio la agresión del pasado martes. Por su parte, ante “nula intervención” del gobierno de Oaxaca para prevenir el ataque del cual había declaraciones amenazantes días previos, diversas organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos – Centros de derechos humanos como el Bartolomé Carrasco Briseño, el Fray Francisco de Vitoria, el Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) - pidieron la intervención del gobierno federal para que garantice la salida y atención de los heridos ; su inmediato actuar para atender de fondo la violencia en la zona ; y que garantice la protección de defensores de derechos humanos. “No valen justificaciones o deslindarse de la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos a la vida, integridad física y libre tránsito”, señalaron.